La Armada denunció corrupción interna de sueldos por $1.000 millones

Un esquema sistemático de alteración de registros informáticos en el área de liquidación de haberes de la Armada Argentina provocó un perjuicio económico al Estado estimado en $981.148.567,88. Las maniobras irregulares operaron de manera oculta durante al menos tres años y medio, saliendo a la luz tras una serie de controles cruzados finalizados en febrero de este año que expusieron la inserción de suplementos sin respaldo legal ni presupuestario en el circuito que atiende mensualmente a más de 24.000 agentes.

Frente al hallazgo, el jefe de Administración Financiera de la fuerza naval, Carlos Alberto Castro Maggio, formalizó la denuncia penal que quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2. La presentación detalla un mecanismo quirúrgico donde los archivos eran modificados manualmente justo después de superar los controles de auditoría ordinarios y antes de su envío al Banco de la Nación Argentina. Luego, ciertos valores se restituían a su estado original para que los abonos extra no aparecieran en los recibos visibles, vulnerando los filtros institucionales.

Entre julio de 2022 y enero de 2026 se concretaron 645 acreditaciones indebidas dirigidas a 23 personas. Aunque se restituyeron poco más de 42,5 millones de pesos, la cifra global investigada no sufre variaciones en el expediente civil y penal. Un 44,25% del total ($434,2 millones) fue a parar a cuatro receptores sin relación laboral con la institución mediante 184 operaciones. En ese grupo figura María del Carmen Prieto, beneficiaria de más de 152 millones de pesos y esposa de Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista.

En las actuaciones institucionales, Atanasoff "admitió que realizaba las modificaciones manuales de manera personal y que decidía de forma discrecional los destinatarios y los importes para beneficiarlos económicamente", deslindando en primera instancia la intervención de otros actores. Asimismo, los peritos analizan el caso de Roberto Eduardo Castro, perceptor simultáneo de cobros locales y del exterior omitiendo bloqueos automáticos, y el de su esposa Luana Magalí Piedigrossi, quien percibió haberes durante una licencia sin goce de sueldo.

Ante los hechos, el personal presuntamente implicado fue apartado preventivamente de sus puestos y los insumos digitales fueron preservados para los peritajes. Desde el Ministerio de Defensa remarcaron que existe una política de "tolerancia cero" contra los desvíos de fondos públicos. A la par del trámite judicial, la conducción naval reestructuró la gestión operativa dividiendo estrictamente las tareas de liquidación, pago y conciliación bancaria para erradicar la concentración de facultades.