La disputa entre el Gobierno y el SEP entra en una nueva etapa

La disputa entre el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y el Gobierno de San Juan sumó nuevos capítulos en los últimos días. Luego de que la Justicia laboral restituyera provisoriamente el código de descuento de aportes gremiales a favor del sindicato, Fiscalía de Estado se presentó formalmente en el expediente, un paso que habilita una nueva etapa en la discusión judicial sobre la legalidad de la medida adoptada por la Provincia.

Desde el organismo que representa judicialmente al Estado confirmaron que ya tomaron intervención en la causa y que aguardan una resolución del juez sobre los próximos pasos procesales. "Nos hemos hecho parte y estamos esperando que se provea", señalaron fuentes calificadas de Fiscalía a DIARIO HUARPE.

La incorporación formal del Estado permitirá que el Gobierno ejerza plenamente su derecho de defensa, conteste los argumentos del gremio y participe del debate judicial que deberá resolver el planteo de fondo. Mientras tanto, la medida cautelar que benefició al SEP continúa vigente.

El conflicto se inició cuando el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda suspendió por 180 días el código de descuento mediante el cual se retenían por planilla salarial los aportes sindicales. La resolución, firmada por el ministro Roberto Gutiérrez, se basó en la presunta falta de documentación vinculada a la acreditación de la personería jurídica y gremial de la entidad.

Frente a esa decisión, el sindicato promovió una acción de amparo sindical y solicitó una medida cautelar para evitar que la suspensión se aplicara mientras se resolvía la controversia principal. Tras un rechazo inicial, el Primer Juzgado del Trabajo revisó el planteo y terminó haciendo lugar al pedido del gremio.

Al conceder la cautelar, el magistrado entendió que los argumentos del SEP presentaban suficiente entidad jurídica y consideró que la interrupción del sistema de descuentos podía generar consecuencias de difícil reparación para el funcionamiento institucional y financiero de la organización. También valoró que la discusión involucra principios vinculados a la libertad sindical y a la autonomía de las entidades gremiales.

Por ahora, la resolución precautoria sigue vigente, por lo que el sindicato continuará percibiendo los aportes descontados por planilla hasta que exista una sentencia definitiva o una nueva decisión judicial que disponga lo contrario.

La disputa entre ambas partes, sin embargo, no se agota en este expediente laboral. Fuentes de Fiscalía de Estado indicaron que existen seis ejecuciones fiscales iniciadas contra el SEP por obligaciones tributarias provinciales impagas, por un monto aproximado de $2.380.000 más intereses y costas.

Según explicaron, los expedientes están relacionados con tributos provinciales, entre ellos impuestos inmobiliarios y automotores. Aunque esas causas no forman parte del litigio que actualmente tramita en el fuero laboral, muestran que el vínculo entre el sindicato y el Estado provincial atraviesa otros frentes de conflicto.

El caso se convirtió en uno de los focos de tensión entre la administración provincial y uno de los principales gremios estatales de San Juan. Ahora, con Fiscalía de Estado ya incorporada formalmente al expediente y la cautelar aún vigente, la expectativa está puesta en las próximas definiciones judiciales que marcarán cómo continuará una controversia que sigue sumando capítulos.