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La Cámara Civil avaló el cambio de domicilio de la AFA a Buenos Aires
El fallo determinó que el control de la AFA corresponde a la Provincia de Buenos Aires y no a la IGJ.
POR REDACCIÓN
La Cámara Nacional en lo Civil emitió este jueves un fallo favorable para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al validar el cambio de domicilio de la entidad a la provincia de Buenos Aires y dejar sin efecto la designación de veedores que había impulsado el Ministerio de Justicia de la Nación.
La resolución representa un importante respaldo institucional para la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y pone fin a una disputa que enfrentaba a la entidad madre del fútbol argentino con la Inspección General de Justicia (IGJ).
Los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset consideraron que, tras la decisión adoptada por la Asamblea General de la AFA en 2024 de trasladar su sede social a Pilar, el organismo competente para ejercer el control de legalidad y fiscalización pasó a ser la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires. “Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, señalaron los magistrados en el fallo.
La disputa por el control de la AFA
El conflicto comenzó cuando la Asamblea de la AFA aprobó por unanimidad la modificación estatutaria para radicar oficialmente la sede social en territorio bonaerense. Sin embargo, la IGJ rechazó posteriormente la inscripción de la reforma y la cancelación de la matrícula de la institución en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, el organismo nacional promovió medidas de fiscalización y un proceso de veeduría sobre la entidad. Esa situación derivó en una serie de acciones judiciales impulsadas por la conducción de Tapia.
Ahora, la Cámara declaró la nulidad de la resolución de la IGJ que desconocía el cambio de jurisdicción y también dejó sin efecto la medida adoptada por el Ministerio de Justicia que había dispuesto una intervención informativa mediante veedores durante 180 días.
Los argumentos del tribunal
Según los magistrados, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas autorizó la inscripción de la AFA en Buenos Aires, la IGJ perdió competencia para fiscalizar a la entidad.
En ese sentido, sostuvieron que permitir controles simultáneos implicaría someter a una misma asociación civil a la supervisión de dos organismos estatales diferentes, algo incompatible con el sistema jurídico argentino. “No resulta posible someter la decisión social de modificar el estatuto trasladando su domicilio a otra jurisdicción a un doble control de legalidad”, remarcaron los jueces.
La resolución también impacta sobre la veeduría ordenada por el Ministerio de Justicia, ya que el tribunal entendió que dicha intervención se sustentaba en una actuación de la IGJ que carecía de competencia.
De esta manera, la Cámara concluyó que la AFA quedará bajo la órbita exclusiva de la Provincia de Buenos Aires, dejando sin efecto las medidas de control impulsadas desde la administración nacional y consolidando la validez del traslado de su sede a Pilar.