La Cámara de Diputados aprobó cambios en la Ley de Propiedad Privada

En una intensa sesión de la Cámara Baja, diputados lograron modificar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 124 votos a favor y 119 votos en contra, más 6 abstenciones.

De este modo, el oficialismo logró destrabar la iniciativa tras aceptar el restablecimiento de los límites legales a la venta de tierras rurales a extranjeros, por lo que el expediente deberá regresar a la Cámara de Senadores para su revisión final. 

La clave del dictamen aprobado radicó en el cambio de postura por parte de La Libertad Avanza y sus aliados, quienes cedieron ante las presiones parlamentarias y aceptaron reincorporar la vigencia de los artículos de la Ley de Tierras Rurales.

Esta medida da marcha atrás a la desregulación pretendida originalmente por el Poder Ejecutivo mediante el DNU 70/23. Asimismo, el articulado normativo aprobado modifica el régimen de expropiaciones —haciéndolas más costosas para el Estado—, agiliza los procesos de desalojo e implementa sanciones contra invasiones o destrozos en la actividad agropecuaria. 

Durante el debate en el recinto, las duras críticas de la oposición no se hicieron esperar. El diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, calificó de "inconstitucional" el DNU 70 y arremetió contra el giro del Gobierno al sostener que los libertarios "están reculando en chancletas".

"Pretendían llevarse puesta la Ley de Tierras, la Ley de Integración Sociourbana de los Barrios Populares y la Ley de Manejo del Fuego. Fracasaron por los cuestionamientos institucionales, judiciales y la presión de la sociedad. Prometen seguridad jurídica pero degradan la democracia y pretenden derogar leyes que protegen nuestros recursos estratégicos", aseveró el legislador. 

El tratamiento de este proyecto constituyó únicamente el primer punto de una extensa orden del día. La jornada legislativa continúa en el Congreso, donde se anticipa un debate superior a las 16 horas para abordar proyectos sensibles orientados a la declaración de la Emergencia en Discapacidad —materia en la que el oficialismo y la oposición negocian contra reloj un texto de consenso— y regulaciones frente al Endeudamiento Familiar. 

Qué implican las modificaciones de esta media sanción

Este proyecto llegó con media sanción a la Cámara baja después del desguace aplicado por la oposición peronista en el Senado, que le volteó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego pero también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, toda vez que el artículo 154 del DNU 70/23 se encontraba derogado.

Paradójicamente, ahora el Gobierno busca restituir la Ley de Tierras en el tratamiento en Diputados, después de que la sociedad le mostrara los dientes en contra de la extranjerización y la oposición amenazara seriamente con tirar abajo todo el DNU 70.

En consecuencia, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojos para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

En cuanto a las expropiaciones, el dictamen de mayoría estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante si está debidamente acreditado: el proyecto original no ponía ningún porcentaje.

Desde la perspectiva de los opositores, indexar el derecho público y el bien común al cálculo del éxito comercial de una empresa privada desvirtúa la "función social de la propiedad".

Sobre los desalojos por usurpación, se dispone que el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble y podrá intimar dentro de las 72 horas su devolución si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

En el caso de desalojos por mora (es decir, cuando no hay una usurpación directa), luego de la intimación al pago los inquilinos tendrán un plazo de al menos 10 días para regularizar deudas antes de que el locador les pueda iniciar la acción de desalojo, contando desde el momento que recibieron la notificación.

Existe, de todos modos, un protocolo de vulnerabilidad que asegura un plazo máximo de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria con intervención del Ministerio Público Tutelar cuando en la ocupación hayan menores, discapacitados o adultos mayores desamparados.

Por otra parte, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada modifica la ley "Pierri" de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única las familias que tengan una posesión pacífica demostrable a lo largo de los 10 años anteriores.

En tanto, se reconoce la "ocupación temporánea anormal", admitiéndose por 90 días prorrogable por única vez en circunstancias graves verificables de necesidad pública como emergencias sanitarias, conflictos armados, desastres naturales.

Finalmente, con lo aprobado, el texto del proyecto volverá a tratarse al Senado de la Nación.