La cámara de empresas de colectivos de Red Túlum respondió al discurso del Gobierno

Después del anuncio que hizo la Secretaría de Tránsito y Transporte y la explicación oficial asegurara que la demora en los pagos se debía a “errores en la documentación” presentada el pasado 14 de julio, la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) emitió un contundente descargo para aclarar que la crisis económica del sector es mucho más profunda que un trámite administrativo.

En su comunicado, las empresas nucleadas en ATAP (como Albardón, Mayo, El Triunfo y otras) reconocieron que pudieron existir "observaciones formales" en algunas liquidaciones, pero aclararon que se trata de una situación habitual en estos procesos. 

Lo fundamental, según las prestatarias, es que dichas observaciones fueron oportunamente subsanadas, por lo que rechazan que este sea el origen o la explicación de la crítica situación financiera actual.

El sector empresario viene denunciando una deuda total que asciende a los $9.750.150.676,43. Este monto incluye conceptos como el Boleto Escolar Único ($2.035 millones), trasbordos ($823,8 millones) y mayores costos no reconocidos durante el último cuatrimestre de 2025 y el inicio de 2026.

Otro de los puntos de fricción es el destino de los fondos nacionales por atributos sociales. Mientras el Gobierno informó que la Nación concretó una transferencia el pasado 28 de julio, desde ATAP advirtieron que, a la fecha del comunicado, esos recursos aún no han ingresado a las cuentas de las empresas.

Las empresas recalcaron que el reclamo no se limita a una liquidación mensual, sino que comprenden acreencias que se arrastran desde hace meses, incluyendo:

• Obligaciones correspondientes al año 2025.
• Compensaciones por mayores costos de enero y febrero de 2026.
• Pagos vinculados a servicios especiales prestados en departamentos alejados durante abril, mayo y junio.

En un intento por clarificar su posición ante la sociedad, ATAP reiteró que los recursos reclamados no son subsidios destinados a beneficiar a las empresas, sino "recursos orientados a reducir el valor del boleto que pagan los usuarios". Aseguran que estas compensaciones son las que sostienen el equilibrio económico del sistema previsto por el propio Estado.

Finalmente, aunque las empresas mantienen la reducción de frecuencias por el "severo desfinanciamiento", manifestaron su voluntad de mantener el diálogo institucional. Confían en que la disposición al análisis manifestada por la Secretaría de Transporte permita arribar a una "solución pronta, integral y definitiva" que preserve el servicio esencial para todos los sanjuaninos. 

Esta semana además se conoció que al menos dos empresas fueron multadas por haber reducido sus frecuencias en al menos un 30%. ATAP reconoció que todos los socios tenían menos unidades en las calles ya que no podían hacerse cargo de los costos de un funcionamiento normal.