La causa contra la Viuda Negra en San Juan suma siete víctimas y 11 imputados

La investigación en San Juan contra Carina Fernanda Godoy, conocida como la “Viuda Negra”, sumó este viernes nuevos elementos y amplió considerablemente su alcance. Durante una audiencia de cuatro horas, la fiscalía expuso una presunta trama de estafas que tendría como principales blancos a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

La causa ya contempla a siete damnificados y 11 personas imputadas. Entre las situaciones investigadas aparece la muerte de un hombre ocurrida en abril de 2021, otro adulto mayor que habría sido encontrado encerrado y en condiciones extremas de salud y habitabilidad, además de jubilados con enfermedades, discapacidades y escaso contacto con sus familiares.

La audiencia fue encabezada por la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón. El fiscal Eduardo Gallastegui, acompañado por Milena Berbari, expuso la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y apuntó por el delito de estafa contra Godoy y los demás involucrados.

Créditos, cuentas y adultos mayores vulnerables

Según la acusación, Godoy habría establecido vínculos con personas mayores que estaban solas o atravesaban situaciones de especial vulnerabilidad. A partir de esos contactos, habría obtenido documentación, datos personales, información bancaria y, en algunos casos, acceso a teléfonos y servicios de home banking.

Con esos elementos se habrían gestionado créditos y préstamos bancarios, mutuales y comerciales a nombre de las víctimas. Una vez acreditado el dinero, parte de los fondos habría sido transferida a cuentas de terceros vinculados al entorno de la principal imputada.

La investigación también analiza direcciones IP, teléfonos, correos electrónicos y dispositivos utilizados para concretar las operaciones. Para los fiscales, esos registros tecnológicos podrían ayudar a determinar quién intervino en cada una de las maniobras.

Uno de los casos que llamó especialmente la atención corresponde a un jubilado ciego y exmédico, que percibía una jubilación elevada y cuyo nombre habría sido utilizado para numerosas operaciones crediticias. Entre ellas aparece un préstamo cercano a los $50 millones.

Siete víctimas y viviendas bajo investigación

El expediente reúne historias diferentes, aunque con un elemento común: la vulnerabilidad de los adultos mayores. Entre los damnificados hay jubilados viudos, personas que vivían solas y víctimas con discapacidad motriz, cáncer o ceguera.

Uno de los hombres investigados permaneció desaparecido hasta que fue localizado en una vivienda del barrio Córdoba. Allí habría sido encontrado en condiciones de salud y habitabilidad extremadamente precarias. Según declaró ante los investigadores, había sido mantenido encerrado y nunca había solicitado los créditos registrados a su nombre.

La situación de dos de los adultos mayores llevó a la fiscalía a dar intervención al área de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia.

La pesquisa también analiza el posible avance sobre inmuebles. De acuerdo con la hipótesis fiscal, mediante una escribanía se habrían obtenido poderes con amplias facultades para disponer de los bienes de las víctimas, incluidos inmuebles que posteriormente habrían sido vendidos o donados.

El fallecimiento que también está bajo la lupa

Uno de los casos más delicados es el de un hombre que murió el 3 de abril de 2021. Tenía una propiedad en calle Catamarca, donde actualmente vivirían integrantes del entorno familiar de Godoy.

Antes de su muerte, mediante un poder otorgado en la misma escribanía, se habría constituido un usufructo vitalicio a favor de Godoy. Pero la investigación detectó que apenas unas semanas después del fallecimiento, el 26 de abril, se realizaron operaciones sobre tres propiedades que pertenecían al hombre: una ubicada en Capital, otra en Rawson y una tercera en Caucete.

La fiscalía busca establecer si esas operaciones podían realizarse con el poder utilizado y también analiza la actuación del escribano interviniente.

Las circunstancias del fallecimiento también son materia de investigación, ya que el hombre habría ingresado a un geriátrico en condiciones consideradas dudosas. La instrucción podría derivar en una investigación más grave si surgen elementos que permitan sostener otra hipótesis sobre su muerte.

El rastro del dinero

Los movimientos bancarios son otro de los ejes centrales del expediente. La fiscalía reconstruyó operaciones en las que los créditos ingresaban a cuentas de las víctimas y poco después eran derivados hacia otras cuentas vinculadas con personas del entorno investigado.

En uno de los casos, parte de un préstamo terminó en una cuenta perteneciente a Miguel Ángel López, desde donde se detectaron transferencias hacia otras personas relacionadas con la investigación. También se encontraron ingresos provenientes de haberes jubilatorios que luego habrían sido enviados a terceros.

La pesquisa incluso detectó compras mediante aplicaciones de delivery cuyos pedidos fueron enviados a domicilios que posteriormente fueron allanados.

Entre los imputados mencionados durante la audiencia aparecen Enzo Araya Godoy, María Alejandra Pugliese Suárez, Analía del Carmen Rodríguez, Celeste Rodríguez Roldán, Rocío Solar, Micaela Araya, Juan Ignacio Gómez, José Rodríguez y Sofía Aguilera, además de Carina Fernanda Godoy y otro imputado cuya identidad no fue precisada en la información aportada.

La fiscalía sostiene que algunos habrían tenido distintos grados de participación, desde la recepción y transferencia de fondos hasta la intervención en operaciones financieras o el uso de determinados dispositivos y domicilios.

Ahora, la Justicia deberá determinar qué papel concreto tuvo cada uno de los 11 imputados, cuánto dinero habría sido obtenido y qué bienes pudieron haber sido transferidos. Todas las acusaciones expuestas en la audiencia constituyen hipótesis de la fiscalía que deberán ser acreditadas durante el proceso.