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La causa vinculada a la AFA por la mansión de Pilar y los autos de lujos vuelve a Campana
La Justicia resolvió que el expediente por la compra de una propiedad de 105.000 metros cuadrados, donde fueron hallados 54 vehículos de alta gama, sea investigado por el juez federal Adrián González Charvay.
POR REDACCIÓN
La Justicia resolvió que la causa por la compra de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, donde fueron encontrados 54 vehículos de alta gama, vuelva a la jurisdicción de Campana y quede en manos del juez federal Adrián González Charvay.
El expediente forma parte de una investigación por una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y hasta ahora se encontraba en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión modifica el escenario judicial después de una extensa disputa de competencia entre distintos tribunales que buscaban determinar qué juzgado debía continuar con la investigación.
La causa vuelve a Campana
El expediente había pasado inicialmente por el juzgado federal de Daniel Rafecas y luego se produjo una disputa de competencia con la Justicia de Campana.
Posteriormente, tras la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, la causa había quedado radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora, la resolución determinó que sea González Charvay quien continúe con la investigación.
El magistrado ya había intervenido en otros expedientes relacionados con la AFA y anteriormente había planteado conflictos de competencia con tribunales porteños para concentrar investigaciones vinculadas con la entidad.
La defensa había pedido que el expediente fuera trasladado
La disputa se profundizó en los últimos días a partir del planteo realizado por la defensa de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de Real Central SRL, sociedad que figura como propietaria del inmueble.
Los abogados habían solicitado que la causa fuera enviada a Campana y argumentaron que la competencia territorial debía definirse por el lugar donde se encuentra la propiedad.
La fiscalía se había opuesto a ese pedido. El fiscal Mario Villar había solicitado a la Cámara que rechazara el recurso de casación presentado por la defensa y mantuviera la investigación en el fuero Penal Económico porteño.
La hipótesis de una maniobra de mayor escala
Villar había sostenido que la investigación no estaba limitada a la compra de la mansión de Pilar, sino que desde el inicio apuntaba a una presunta maniobra de lavado de activos de mayor escala.
En ese sentido, señaló que Real Central SRL tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que su antecesora, Central Park Drinks SRL. También indicó que la escritura de compraventa del inmueble había sido firmada en un domicilio porteño.
El fiscal había mencionado además distintos puntos de la Ciudad que, de acuerdo con la hipótesis investigada, estarían relacionados con el circuito de fondos bajo análisis. Entre ellos, financieras ubicadas sobre la avenida Corrientes, un estudio jurídico de la calle Lavalle vinculado a Juan Pablo Beacon y la facturación de Recomi SA.
También había hecho referencia a un domicilio ubicado en Montevideo y Quintana, señalado como el lugar donde presuntamente se habría entregado dinero en efectivo.
La defensa había denunciado “forum shopping”
Otro de los puntos planteados por la defensa fue la existencia de un supuesto “forum shopping”, al considerar que los denunciantes (Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe) habrían elegido deliberadamente un fuero que consideraban favorable.
Villar rechazó ese argumento y sostuvo que ese concepto no resulta aplicable al proceso penal argentino.
La causa se encuentra dentro de una investigación más amplia que tiene entre sus protagonistas al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
En otros expedientes se analizan presuntas irregularidades vinculadas con la AFA, entre ellas una posible defraudación y movimientos financieros relacionados con una hipótesis de lavado de activos.
Otro antecedente de la pelea por la competencia
La discusión judicial también había enfrentado a González Charvay con el juez nacional en lo Penal Económico Diego Amarante.
En una resolución anterior, Amarante había rechazado el pedido del magistrado de Campana para que le remitieran otra causa relacionada con la AFA. En ese pronunciamiento, consideró que el cambio del domicilio social de la asociación desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar no era suficiente para definir la competencia territorial.
El juez había sostenido que los actos investigados en ese expediente habrían ocurrido en la Ciudad y cuestionó que el domicilio formal de la AFA pudiera imponerse sobre el lugar donde, según su interpretación, se habrían desarrollado las conductas investigadas.
Ahora, con la nueva resolución, la causa por la mansión de Pilar y los 54 vehículos de alta gama continuará bajo la órbita de la Justicia Federal de Campana, con González Charvay al frente de la investigación.