La CGT reclama al Gobierno por la crisis de salud sindical

La Confederación General del Trabajo (CGT) encendió una nueva señal de alarma ante el delicado estado financiero de las obras sociales sindicales, una situación que obliga a los gremios a transferir recursos propios para evitar recortes drásticos en la atención médica de sus afiliados.

Tras mantener tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, la central obrera advirtió que no obtuvo respuestas a sus propuestas y que la crisis ya compromete de manera directa el funcionamiento de las organizaciones gremiales.

El panorama empeoró tras el último encuentro realizado a fines de septiembre en la sede de la UOCRA. En este contexto, el titular del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, comparó la coyuntura actual con la crisis de los años noventa, señalando que los fondos que los sindicatos destinan hoy a cubrir baches sanitarios restan recursos fundamentales para sostener escuelas, campings, vacaciones y otras prestaciones sociales.

El peso del financiamiento en discapacidad y el FSR

Uno de los ejes centrales del reclamo sindical se concentra en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el cual se nutre de aportes de trabajadores y empleadores para compensar gastos médicos. Según datos del informe de la CGT, cerca del 90% de los recursos de este fondo se destinan actualmente a prestaciones de discapacidad, lo que demanda un costo mensual estimado en $160.000 millones.

Esta proporción experimentó un salto exponencial si se compara con 2017, cuando este rubro representaba apenas el 22% del fondo, reduciendo drásticamente el margen para afrontar tratamientos de alta complejidad y medicamentos de alto costo. Ante esta situación, la central exige que los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad sean asumidos por las áreas estatales correspondientes, liberando así capacidad de cobertura sanitaria en el sistema.

Ingresos insuficientes y el impacto en el PMO

El diagnóstico gremial también expone un fuerte desajuste entre los ingresos y los costos operativos de la atención médica. Más de 11 millones de beneficiarios —equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales— no generan los recursos suficientes para solventar el Programa Médico Obligatorio (PMO).

El problema se profundiza debido a la caída del poder adquisitivo de los salarios, estimado en un 30%, y el encarecimiento de los medicamentos, cuya accesibilidad se redujo en un promedio del 40%.

A esto se le aúna que los aportes de los monotributistas se ubican un 78% por debajo del costo estimado del PMO, mientras que en el caso de los jubilados adheridos se registra una transferencia de unos $53.000 por persona frente a una recaudación cercana a $159.000.

Los valores de facturación de ciertos hospitales públicos y la falta de autorización previa en prácticas programadas completan un cuadro crítico.

Una "olla a presión" y advertencia institucional

El sanitarista y asesor de la CGT, Luis Scervino, resumió el escenario como una brecha insostenible entre los aportes que ingresan y los costos asistenciales reales, una dinámica que incrementa la litigiosidad y convierte al sistema en una «olla a presión».

Sin un consenso con el Poder Ejecutivo, el peso de la crisis recae directamente sobre los beneficiarios —quienes sufren dilaciones y recortes— y sobre las estructuras sindicales. Por ello, la dirigencia gremial insiste en la necesidad urgente de reestructurar el modelo de financiamiento y delimitar las responsabilidades del Estado para garantizar la sostenibilidad de la asistencia médica.