La Coalición Cívica pide investigar créditos millonarios del Banco Nación a funcionarios libertarios

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal para que se investigue si hubo irregularidades y conflicto de intereses en  el otorgamiento de créditos por parte del Banco de la Nación a funcionarios y legisladores del oficialismo. 

En los últimos días se difundió que los funcionarios Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase, Emiliano Mongilardi, y los diputados libertarios Mario Campero, Lorena Villaverde, y Alejandro Bongiovanni recibieron créditos entre 100 y 500 millones del Banco Nación.

En la presentación judicial, Frade señaló que “en orden a la profusa información pública aparecida en distintos medios gráficos, radiales y televisivos; en relación con miles de créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina, que podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas; es que vengo a peticionar se provea impulso de la presente investigación penal”.

Sin embargo, los legisladores oficialistas Campero, y Bongiovanni rechazaron la acusación y señalaron que no recibieron tratos preferenciales y cumplieron con los requisitos para acceder a ese préstamo.

Mónica Frade, legisladora de la Coalición Cívica que realizó la denuncia.

Frade señaló que acuerdo a la información que surgió Carreira de la Oficina de Respuesta Oficial (ORO) recibió 113 millones, Inchauspe del Banco Central y Núñez del BICE obtuvieron 510 millones de pesos cada uno, y el secretario de Finanzas y -hombre del ministro de economía Luis Caputo- Furiase 376 millones de pesos.

A esa lista se suman los diputados Alejandro Bongiovanni, de 322 millones a Mariano Campero, de 340 millones a Santiago Santurio y de 225 millones de pesos a Lorena Villaverde.

Frade pidió también en su denuncia, librar Oficio al Banco de la Nación Argentina a fin de obtener los "legajos crediticios" completos de los nombrados en la presente y todo otro funcionario público y legislador.

Además, la legisladora agregó: “obtener las Actas de Directorio mediante las que se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios” y solicitar al cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional, “la determinación de existencia o no de perjuicios económicos para el Banco otorgante, de cualquier naturaleza”.

Por consiguiente, solicitó que el Banco Nación informe “si existieron en el otorgamiento condiciones preferenciales, sea en tasas, plazos o condiciones de acuerdo con la práctica corriente del Banco”.

También pide que se determine si hubo “violación a la Carta Orgánica y manuales de procedimientos para créditos” y si existió “alguna relación jerárquica o, de alguna otra naturaleza entre el otorgante y los beneficiarios”.

El diputado libertario Mariano Campero.

El diputado libertario Mariano Campero señaló que la denuncia es “maliciosa” porque “no se trata de un crédito discrecional ni excepcional, sino de una línea hipotecaria en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo) abierta a cualquier ciudadano argentino que califique”. Señaló que tanto “el número de crédito, como el banco que lo ha otorgado y la certificación o documentación respaldatoria son públicos. Cualquiera puede verificarlo”

Precisó que al momento de la obtención del préstamo en mayo pasado era de $275 millones y “con ese dinero, compré nuestra primera vivienda familiar, en la ciudad de Yerba Buena. Antes, alquilábamos junto a mi mujer y mis tres hijos. Hoy, debido a que las UVAs actualizan conforme la inflación, esa deuda asciende a $322 millones”

Por su parte, Bongiovanni dijo que “es falso que tomé una deuda hipotecaria con tasas o plazos “diferentes” o “preferenciales”. Agregó que “fueron las condiciones de ese momento, mediados del año pasado (4,5 tasa) para todos los que cobran haberes en el banco. Es un crédito en UVAs atado a la inflación mensual. Sabiendo que el virtuoso “proceso desinflacionario” del gobierno seguiría avanzando decidí que valía la pena y saqué un crédito, como hicieron decenas de miles de personas en 2025”.