La Corte ratificó la cautelar contra el Gobierno por la ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar parcialmente la Ley 27.795 de financiamiento universitario. La decisión representa un revés judicial para el Gobierno nacional, que había apelado la resolución, aunque el máximo tribunal rechazó el planteo por considerar que no existe una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes mantuvieron vigente la orden judicial que exige la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas, además de la recomposición de distintos programas destinados a estudiantes.

Si bien el fallo tiene una fuerte relevancia institucional, su impacto económico inmediato es limitado debido a que el pasado 10 de junio el Poder Ejecutivo ya había firmado un acuerdo comprometiéndose a transferir fondos para afrontar mejoras salariales y presupuestarias en el sistema universitario.

Qué establece la cautelar

La causa se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades nacionales.

Los demandantes cuestionaron el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno dispuso que la Ley de Financiamiento Universitario solo podía aplicarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.

Frente a esa situación, la Justicia Contencioso Administrativa Federal ordenó como medida cautelar el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley.

La disposición obliga al Estado a actualizar los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de recomponer programas dirigidos al estudiantado.

El argumento de la Justicia

Al analizar el caso, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que el Estado no logró desvirtuar los fundamentos planteados por las universidades.

Los magistrados entendieron que el Congreso había ratificado la ley y que el Poder Ejecutivo mantenía una postura contraria a su aplicación apoyándose en una norma de jerarquía inferior.

Además, advirtieron que el incumplimiento podía generar consecuencias graves para el funcionamiento del sistema universitario, provocando un deterioro salarial capaz de afectar derechos fundamentales como enseñar y aprender.

La Cámara también consideró que el ahorro fiscal derivado de no aplicar la norma no representaba un impacto significativo dentro del presupuesto nacional.

Aunque la discusión de fondo continúa abierta y todavía resta una sentencia definitiva, la decisión de la Corte Suprema mantiene vigente una medida clave para el sistema universitario argentino y refuerza, al menos en esta etapa del proceso, la aplicación de aspectos centrales de la ley de financiamiento universitario.