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La Corte Suprema ordenó publicar los resultados de las pruebas Aprender
El máximo tribunal ordenó entregar los resultados de las evaluaciones Aprender y Enseñar por establecimiento en Salta, correspondientes a 2016 y 2017. El fallo priorizó el derecho de acceso a la información pública.
POR REDACCIÓN
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado Nacional hacer públicos los resultados de las pruebas Aprender y Enseñar por establecimiento educativo de la provincia de Salta, correspondientes a los operativos realizados durante 2016 y 2017. El máximo tribunal consideró que los datos forman parte de la información pública y que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se desarrolla la política educativa.
La decisión respondió al reclamo de Rafael Aurelio Argañaraz Olivero, quien en 2019 presentó una acción de amparo para acceder a los reportes completos de las evaluaciones realizadas en escuelas e instituciones de formación docente salteñas.
Hasta ese momento, el Ministerio de Educación se había negado a entregar los resultados desagregados por establecimiento. Como alternativa, había ofrecido información agrupada por municipio, al considerar que la publicación de los datos podía generar rankings y estigmatizar a estudiantes, docentes e instituciones.
Sin embargo, la Corte confirmó el fallo de la Cámara Federal de Salta, que había ordenado entregar la documentación sin revelar información personal de los alumnos y docentes que participaron de las evaluaciones.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Carlos Vallefín y Juan Perozziello Vizier. En disidencia, Carlos Rosenkrantz votó por rechazar el pedido.
Qué argumentó la Corte Suprema
En los fundamentos, la mayoría del tribunal sostuvo que el acceso a la información pública es un derecho de la ciudadanía y no una concesión de las autoridades.
"La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno", señalaron los magistrados.
Además, consideraron que conocer los resultados por establecimiento permite controlar cómo se implementan las políticas educativas y si el Estado cumple con sus obligaciones constitucionales.
Para la Corte, publicar esos datos no tiene como objetivo estigmatizar a las comunidades educativas, sino ofrecer herramientas para identificar dificultades y exigir medidas que permitan mejorar los aprendizajes.
El tribunal también destacó que la información puede servir para evaluar si se garantizan condiciones educativas adecuadas en sectores desfavorecidos y si se cumple con el derecho de los pueblos originarios a recibir una educación bilingüe e intercultural.
No obstante, aclaró que el acceso a la información no es absoluto y que deben preservarse los datos personales que puedan comprometer la intimidad y el honor de quienes participaron de las pruebas.
Por qué el Gobierno se había opuesto
Durante el proceso judicial, el Estado Nacional argumentó que la difusión de los resultados por escuela podía facilitar la elaboración de rankings y provocar situaciones de discriminación o estigmatización.
También advirtió que los datos podían permitir identificar indirectamente condiciones sociales de los estudiantes y sus familias, como situaciones de pobreza, migración o pertenencia a comunidades indígenas.
La Corte rechazó esos argumentos al considerar que no alcanzaban para justificar una negativa general a entregar la información.
El caso llegó al máximo tribunal después de un recorrido judicial que comenzó en 2019. En primera instancia, el reclamo había sido rechazado, pero la Cámara Federal de Salta revirtió esa decisión y ordenó entregar los reportes. Finalmente, la Corte confirmó ese criterio.
La resolución vuelve a poner en discusión el alcance del acceso a la información pública y la transparencia sobre los resultados de las evaluaciones educativas que realiza el Estado.