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Judiciales > Tras la nulidad

La defensa de Andino negó irregularidades en la causa Acueducto

Guillermo Toranzo y Federico González Viola sostienen que los actos administrativos cuestionados fueron legales, tuvieron respaldo técnico y no generaron pagos a la empresa Krah. 

La defensa del diputado nacional y expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Cristian Andino, rechazó los hechos que le atribuyó el Ministerio Público Fiscal en la causa conocida como Acueducto Gran Tulum. Sus abogados, Guillermo Toranzo y Federico González Viola, sostienen que las decisiones administrativas cuestionadas fueron adoptadas conforme a derecho, con respaldo de dictámenes técnicos y jurídicos y con la intervención de los organismos de control.

Desde la postura de los defensores, los actos administrativos que la Fiscalía señaló como presuntamente delictivos eran válidos y habían sido respaldados por los organismos correspondientes, entre ellos el Tribunal de Cuentas. También remarcaron que esas decisiones no fueron cuestionadas ni en sede administrativa ni en la Justicia.

Uno de los principales argumentos de la defensa es que cada una de las decisiones tomadas durante la gestión de Andino al frente de OSSE estuvo sustentada en evaluaciones de especialistas en la materia. Según explicaron, los dictámenes técnicos y jurídicos del organismo fueron los que permitieron avanzar con las respectivas decisiones administrativas.

Además, cuestionaron la manera en que la Fiscalía presentó algunos de esos antecedentes. Consideraron que determinados actos administrativos fueron mencionados de manera parcial o fuera de contexto y que no tienen relación con los delitos que intenta atribuir el Ministerio Público Fiscal.

En esa línea, agregaron un argumento vinculado directamente con la empresa Krah. Sostuvieron que durante la intervención de Andino no se realizó ningún pago a la firma ni se emitió una orden de pago a su favor. Por ese motivo, consideran que la acusación fiscal toma como referencia actuaciones administrativas que no se corresponden con las responsabilidades que pretende atribuirle a su defendido.

Los abogados insistieron en que las decisiones fueron tomadas conforme a derecho y que contaron con el respaldo de los dictámenes y controles correspondientes. Desde esa perspectiva, rechazaron que los actos mencionados por los fiscales puedan ser considerados ilícitos.

La causa quedó sin efecto tras la audiencia

Las declaraciones de la defensa se conocieron luego de una nueva audiencia realizada este martes en Tribunales, donde la jueza de Garantías Mónica Lucero resolvió hacer lugar al planteo de nulidad presentado por las defensas.

La decisión implicó retrotraer el expediente al 13 de octubre y dejar sin efecto las actuaciones procesales realizadas desde esa fecha, incluidas las audiencias en las que el fiscal Sebastián Gómez había expuesto los hechos y las calificaciones legales que pretendía atribuirles a los once investigados.

Ahora, el Tribunal de Impugnación deberá resolver la recusación presentada contra Lucero y determinar si continúa al frente del expediente o si corresponde su apartamiento.

Por su parte, el fiscal Gómez adelantó que el Ministerio Público Fiscal solicitará una nueva audiencia de formalización una vez que se defina quién estará a cargo de la causa.

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