La Defensoría del Pueblo de San Juan impulsa medidas contra el endeudamiento

El endeudamiento de las familias sanjuaninas y las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad se convirtieron en dos de los principales ejes de trabajo de la Defensoría del Pueblo. En diálogo con DIARIO HUARPE, la defensora Florencia Peñaloza explicó las medidas que impulsa el organismo luego del relevamiento que detectó que el 76,8% de los encuestados tiene deudas y que una parte importante destina más de la mitad de sus ingresos a pagarlas. 

“En los últimos meses venimos advirtiendo desde la Defensoría que el reclamo de los sanjuaninos principalmente es el endeudamiento, deudas con tarjetas de crédito, bancos y demás”, señaló Peñaloza.

La funcionaria explicó que, a partir del informe elaborado junto al Observatorio de Derechos Humanos, la Defensoría decidió avanzar por distintas vías. Una de ellas consiste en pedir al Banco Central medidas para regular las tasas y establecer condiciones diferenciadas para quienes utilizan el crédito para cubrir necesidades básicas.

“Un dato que nos llamó mucho la atención fue que el 60% de esos endeudados lo usaba para gastos básicos de subsistencia”, afirmó.

Según Peñaloza, esa situación puede generar un círculo difícil de interrumpir. “Quien paga con su sueldo esa deuda para subsistir se vuelve a endeudar y genera un círculo vicioso imposible de salir”, sostuvo.

Créditos y servicios

Entre las propuestas también mencionó líneas de créditos blandos para consolidar deudas y alternativas de refinanciación. Además, la Defensoría volvió a reclamar ante empresas de servicios públicos por las facturas que las familias no pueden afrontar.

En el caso de la electricidad, Peñaloza planteó la necesidad de contemplar a los grupos vulnerables.

“Primero que no se corte, y segundo la posibilidad de dar refinanciamiento de las deudas”, explicó.

Otra de las herramientas es el programa “Antes de Firmar”, destinado a promover educación financiera, especialmente entre adultos mayores y niños, niñas y adolescentes. El objetivo incluye prevenir estafas virtuales, situaciones de hostigamiento y problemas vinculados con la contratación de créditos.

Discapacidad, otra preocupación

La Defensoría también mantiene una línea de trabajo vinculada con discapacidad. Peñaloza señaló que, durante la exposición realizada ante la Cámara de Diputados de la Nación, planteó que el 60% de los casos ingresados al organismo durante el último período correspondieron a cuestiones de salud y que la mayoría estuvo relacionada con discapacidad.

La defensora recordó además el amparo iniciado por el organismo y sostuvo que ese proceso permitió la restitución de pensiones por discapacidad en todo el país.

Ahora, ante la discusión sobre la continuidad de la emergencia y el presupuesto del próximo año, anticipó que seguirán de cerca la situación.

“No solo por las familias que tienen niños y niñas o que padecen algún tipo de discapacidad, sino por los profesionales de la salud, por los equipos técnicos, por los colegios, por los grupos de acompañamiento”, explicó.

Y dejó planteada la posibilidad de volver a recurrir a la Justicia si consideran que los derechos del sector están en riesgo: “Si es necesario volver a acudir a la Justicia mediante un amparo colectivo para proteger a todas aquellas personas que tengan alguna condición de discapacidad, los vamos a acompañar”.

Para Peñaloza, el acceso a prestaciones, tratamientos y educación no debería depender de las discusiones presupuestarias.

“Nunca tiene que ser y tiene que seguir siendo la moneda de cambio a la discapacidad”, afirmó.