La fiscalía pidió seis años de cárcel para De Vido y López en la causa Sueños Compartidos

El fiscal federal Diego Velasco pidió este miércoles una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el juicio por la causa Sueños Compartidos.

Además, solicitó una pena de cuatro años de prisión para el resto de los imputados involucrados en el expediente.

El pedido fue formulado durante una extensa jornada de alegatos en los tribunales federales de Comodoro Py, donde el representante del Ministerio Público expuso durante más de diez horas y sostuvo que los acusados integraron un “esquema criminal” destinado a desviar fondos públicos asignados a la construcción de viviendas sociales.

La acusación por el desvío de fondos

Según la fiscalía, entre 2008 y 2011 se desviaron más de 206 millones de pesos de un total de 900 millones transferidos por el Estado nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Velasco afirmó que la estructura investigada permitió eludir controles estatales habituales y otorgó beneficios irregulares a los administradores de la fundación.

“Nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”, sostuvo el fiscal durante su exposición.

La acusación también menciona modificaciones de obras sin justificación, extensiones irregulares de plazos de ejecución y la realización de trabajos públicos con sobreprecios y, en algunos casos, sin licitación.

Cómo se distribuyen las responsabilidades

De acuerdo con el planteo de la fiscalía, De Vido, López y Fatala deben ser considerados coautores del delito.

En tanto, Sergio y Pablo Schoklender fueron señalados como partícipes necesarios en las maniobras investigadas.

También están imputados los exfuncionarios provinciales Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, además de otros empresarios y financistas vinculados al programa.

La fiscalía sostiene que gran parte del dinero destinado a la construcción de viviendas sociales fue desviado mediante un sistema de contrataciones irregulares que benefició tanto a administradores de la fundación como a funcionarios del área de Obras Públicas.

El juicio entra en su etapa final

La causa se tramita ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

El debate oral comenzó en marzo de este año y avanza con rapidez debido a que el expediente tiene fecha de prescripción prevista para septiembre.

Tras los alegatos de la fiscalía, las audiencias continuarán con la exposición de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, y posteriormente será el turno de los abogados defensores.

Concluida esa etapa, el tribunal quedará en condiciones de fijar la fecha para las últimas palabras de los acusados y avanzar hacia el veredicto en uno de los juicios por corrupción más relevantes vinculados a la obra pública nacional.