Judiciales
La fiscalía pidió seis años de prisión para José López
El exsubsecretario de obras públicas del kirchnerismo también debería devolver la totalidad de los 9 millones de dólares decomidados en el convento.
POR REDACCIÓN
El fiscal Miguel Ángel Osorio pidió hoy que José López sea condenado a la pena máxima, seis años de prisión, por enriquecimiento ilícito, una multa del 100% de los más de 9 millones de dólares que intentó esconder en bolsos en un convento de General Rodríguez, el 14 de junio de 2016. El fiscal pidió además el decomiso de ese dinero, de la casa de Tigre que está a nombre de López y de su departamento de La Recoleta.
La fiscalía solicitó también la absolución de la monja Celia Inés Aparicio, que recibió la plata en el convento. El fiscal entendió que la religiosa no tuvo intención de ser partícipe del enriquecimiento del exsubsecretario de obras públicas del kirchnerismo.
Osorio, además, requirió condenar a la exesposa de López, María Amalia Díaz, como partícipe de enriquecimiento ilícito de funcionario público a la pena de un año y medio de prisión.
Para los empresarios Andrés Galera, Eduardo Gutiérrez y Carlos Giani, considerados testaferros de López en la adquisición de sus propiedades, la fiscalía pidió que sean condenados a la pena de 3 años y seis meses de prisión como partícipes necesarios del enriquecimiento. Para Marcos Marconi pidió la pena de un 1 año en suspenso.
La Oficina Anticorrupción (OA), que también alegó, pidió la misma pena para López, pero más graves para el resto de los acusados. También pidió que se sancione a la monja con dos años de prisión en suspenso.
El Tribunal Oral Federal N° 1 escuchará la próxima semana los alegatos de las defensas y luego estará en condiciones de dictar sentencia contra el exfuncionario preso.
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Para otro de los juzgados, el empresario Carlos Gianni, se reclamaron tres años de cárcel por haber prestado el nombre para la compra del departamento porteño.
La OA reclamó además que se investigue a López por el delito de "peculado" a raíz de dichos de testigos a lo largo de un año de juicio oral, vinculados al uso de "medios y servicios" de la Secretaría de Obras Públicas "en provecho suyo y de su familia".