La Iglesia alertó que el narcotráfico ocupa el lugar que deja el Estado

La Iglesia Católica lanzó una dura advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares de Argentina y cuestionó la falta de presencia estatal en los sectores más vulnerables. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la ausencia de servicios básicos, educación y oportunidades facilita el crecimiento de las organizaciones criminales, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.

"La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas", expresó el religioso durante la Jornada de Acceso a la Justicia, realizada en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), en la provincia de Buenos Aires. Sus declaraciones se conocieron en el marco de un encuentro que reunió a funcionarios, jueces, fiscales y representantes de organizaciones sociales.

Durante su exposición, García describió el circuito de exclusión y violencia que, según advirtió, atraviesan numerosos jóvenes de los barrios populares. Para explicar esta problemática, utilizó una expresión contundente: "Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio". Frente a ese escenario, propuso fortalecer "las tres C de la vida: colegio, capilla y club", como espacios fundamentales de prevención y contención social.

El obispo señaló que el narcotráfico encuentra mayores posibilidades de expansión en aquellos territorios donde existen dificultades para acceder a la educación, la salud, los servicios sanitarios y el empleo. En ese sentido, remarcó la necesidad de una intervención estatal que no se limite a combatir el delito, sino que también permita generar oportunidades para las familias.

Además, cuestionó el funcionamiento del sistema judicial en los sectores más postergados. Según explicó, la Justicia ordinaria suele intervenir cuando los delitos ya ocurrieron, en lugar de acompañar previamente a las comunidades para evitar situaciones de violencia y criminalidad.

Un reclamo por mayor presencia del Estado en los barrios

El encuentro contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez.

Durante su intervención, Mena coincidió en que las desigualdades sociales representan uno de los principales desafíos para garantizar el acceso a la Justicia. "Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad", sostuvo el funcionario.

En ese contexto, planteó que muchas personas de sectores vulnerables tienen su primer contacto con las instituciones judiciales a través de causas penales. Por ese motivo, defendió la necesidad de acercar organismos y profesionales a los barrios para atender conflictos antes de que se conviertan en delitos.

Como ejemplo, mencionó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde se reciben consultas e inquietudes de los vecinos. También destacó el trabajo de los Hogares de Cristo dentro de establecimientos penitenciarios bonaerenses, orientado al acompañamiento y la reinserción social.

Buscan impulsar medidas para prevenir las adicciones y la violencia

Durante la jornada también se abordaron problemáticas relacionadas con las adicciones en el sistema penal juvenil, la violencia de género y las dificultades para acceder al derecho a la identidad en contextos de marginalidad.

Uno de los anuncios estuvo a cargo del diputado Facundo Tignanelli, quien adelantó que impulsará la incorporación de las denominadas "Reglas del Papa Francisco" como material obligatorio de formación en la Escuela Judicial de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta apunta a que los futuros magistrados incorporen herramientas para comprender las desigualdades sociales y garantizar un sistema judicial más cercano a las personas en situación de vulnerabilidad.

Además, los organizadores avanzan en la conformación de una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza, destinada a fortalecer la coordinación entre organismos públicos, instituciones judiciales y organizaciones comunitarias.

Las conclusiones del encuentro serán reunidas en un documento académico que, según informaron los organizadores, será enviado al papa León XIV. El objetivo es impulsar nuevas herramientas de prevención, acompañamiento y acceso a derechos frente al avance del narcotráfico en los barrios populares.