Judiciales > Medida cautelar
La Justicia dio cinco días al Gobierno nacional para cumplir la ley universitaria
El juez Martín Cormick intimó al Ejecutivo y advirtió que podría aplicar multas por cada día de demora en el cumplimiento oficial.
POR REDACCIÓN
La Justicia volvió a intervenir en el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas y volvió a intimar al Gobierno nacional a cumplir una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. El juez federal Martín Cormick estableció un plazo de cinco días para que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento efectivo a lo dispuesto.
La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Cormick. El magistrado advirtió que, si continúa la demora, podrán aplicarse astreintes, es decir, multas económicas por cada día de incumplimiento.
Qué contempla la medida cautelar
El conflicto judicial está relacionado con la aplicación de la Ley 27.795, que establece recursos para el sistema universitario. La cautelar alcanza específicamente los artículos 5 y 6, vinculados con la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes y con las becas estudiantiles.
Cormick sostuvo en la resolución que “no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos”, y señaló que la medida se encuentra firme. Por ese motivo, intimó al Estado Nacional a darle “efectivo cumplimiento” dentro del plazo establecido.
Un conflicto que continúa
La decisión se suma a las actuaciones judiciales que se iniciaron para exigir la implementación de la normativa de financiamiento universitario. La cautelar había sido dictada previamente y posteriormente quedó firme, mientras el conflicto por su ejecución continúa entre el Gobierno y el sistema universitario.
En septiembre, el mismo juzgado había rechazado el pedido para levantar la medida cautelar y había solicitado al Gobierno información sobre el grado de cumplimiento de lo dispuesto. Luego de analizar la situación, Cormick concluyó que el cumplimiento informado no resultaba suficiente y volvió a requerir al Estado que avance con la ejecución de la medida.