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La Justicia Federal investiga el robo de documentos de la Conadep en Rosario
A 42 años del robo de archivos de la represión en los tribunales de Rosario, la Justicia Federal citó a indagatoria a tres imputados.
POR REDACCIÓN
A más de cuatro décadas de un golpe perpetrado en plena transición democrática, la Justicia Federal de Santa Fe avanzó en el esclarecimiento del robo de documentos sobre la represión ilegal y archivos de la Conadep sustraídos en la madrugada del 8 de octubre de 1984 del Palacio de Tribunales de Rosario. El Juzgado Federal Número 4 dispuso la citación a declaración indagatoria de tres personas —un militar retirado y dos civiles— que integraron la estructura del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército.
Los imputados, identificados en el expediente bajo las iniciales V.H.R., E.R.C. y W.D.P., deberán prestar declaración entre el 11 y el 12 de noviembre. De acuerdo con la investigación impulsada por el fiscal Adolfo Villate, los acusados habrían organizado y ejecutado el asalto al tribunal con el objetivo de ocultar información sensible sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Para la fiscalía, el operativo estuvo vinculado al grupo de tareas comandado por el fallecido represor Pascual Oscar Guerrieri, bajo las órdenes del aparato de inteligencia que operaba en la región sur de Santa Fe.
Cuatro décadas de búsqueda
La causa judicial avanzó de manera sostenida gracias a la persistencia de Adriana Arce, sobreviviente del centro clandestino que funcionó en la Fábrica Militar Domingo Matheu y querellante histórica en el expediente. Arce, secuestrada en 1978 y testigo en el Juicio a las Juntas, mantuvo en soledad una querella de más de cuatro décadas para recuperar los expedientes sustraídos, los cuales contenían pruebas de alto valor probatorio sobre la estructura represiva que operaba en la zona.
La investigación sobre el asalto —en el que una patota maniató a efectivos policiales para alzarse con ficheros, organigramas y legajos que se encontraban en el Juzgado número 10— comenzó a cobrar impulso institucional en 2011 por iniciativa del fiscal Juan Patricio Murray. Las pesquisas posteriores permitieron desentramar el rol de la cúpula de inteligencia militar de la época, incluyendo condenas abreviadas recientes contra exjerarcas del Destacamento 121 que reconocieron la existencia de operativos clandestinos destinados a boicotear los inicios de la investigación judicial sobre el terrorismo de Estado.