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La Justicia Federal ordenó detener el proyecto británico "León Marino" en Malvinas
La jueza federal Mariel Borruto por Tierra del Fuego ordenó paralizar el proyecto petrolero ilegal de Rockhopper y Navitas en las Islas Malvinas, con capitales ingleses e israelíes.
POR REDACCIÓN
El Juzgado Federal de Río Grande, bajo la conducción de la jueza Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordena frenar de manera inmediata la ejecución del proyecto petrolero Sea Lion (León Marino) en la cuenca norte de las Islas Malvinas.
La resolución judicial responde a la acción preventiva entablada conjuntamente por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas, con el objetivo de prevenir daños ambientales irreversibles en la plataforma continental argentina y resguardar la soberanía nacional frente a la explotación ilegal de hidrocarburos.
El fallo obliga a la firma británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited a abstenerse de iniciar o continuar cualquier tipo de acto material vinculada a la iniciativa.
La orden judicial abarca la prohibición de perforar el subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina de conducción o control, el despliegue de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), la extracción comercial de crudo y el establecimiento de bases logísticas o plantas operativas en tierra.
Exigencias de la Justicia Federal
En su resolución, la magistrada Borruto intimó a ambas compañías trasnacionales a presentar, con carácter de declaración jurada, un informe detallado que precise el estado actual del proyecto, los cronogramas vigentes, la cantidad de pozos proyectados y la nómina completa de entidades financieras o fondos de inversión que participan en el financiamiento de las tareas extractivas.
Dado que las firmas petroleras no designaron representación legal ni constituyeron domicilio en el expediente, la medida será notificada directamente a sus sedes en el exterior por vía postal, utilizando la intermediación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación (Cancillería).
El yacimiento León Marino se sitúa a poco más de 200 kilómetros al norte del archipiélago malvinense. La magistrada remarcó que el riesgo ambiental resulta inminente y no hipotético, dado que las empresas continuaron el avance de la infraestructura operativa pese a las reiteradas advertencias y al rechazo formal expresado por la diplomacia argentina.
La jueza Borruto dejó asentado que la medida dictada posee carácter preventivo y no prejuzga sobre la responsabilidad de fondo de las empresas. Sin embargo, enfatizó que la constitución de las sociedades en jurisdicciones extranjeras no excluye la plena vigencia de la legislación argentina, toda vez que las actividades extractivas proyectadas impactan de forma directa sobre los espacios marítimos y la plataforma continental correspondientes a las Islas Malvinas.