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La Justicia ordenó al Gobierno a cumplir la ley universitaria de inmediato
El juez federal Martín Cormick hizo lugar a un amparo presentado por universidades, docentes y el Consejo Interuniversitario Nacional.
POR REDACCIÓN
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional cumplir de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional una parte del decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la norma.
La decisión fue tomada por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes. También resolvió favorablemente una presentación realizada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que había sido acumulada a la misma causa.
El fallo representa una definición sobre la cuestión de fondo del conflicto y no solamente una medida cautelar provisoria.
Qué cuestionó la Justicia
Cormick declaró inconstitucional el decreto 759/2025, específicamente en el punto en el que establecía una condición para la promulgación de la Ley 27.795.
El Ejecutivo había incorporado una referencia al artículo 5 de la Ley 24.629, que establece que las normas que generen gastos deben identificar su fuente de financiamiento y contar con las partidas presupuestarias correspondientes.
Ese condicionamiento había sido utilizado para supeditar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario a la determinación de los recursos necesarios para ejecutarla.
Para el juez, esa condición resulta inconstitucional. Por eso, ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con el cumplimiento inmediato de la ley y dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para hacerla efectiva. Además, impuso las costas del proceso al Estado nacional.
Un conflicto que comenzó en 2025
La disputa judicial se inició después de que el Congreso aprobara la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El presidente Javier Milei había vetado inicialmente la norma, pero Diputados y el Senado insistieron con mayorías de dos tercios y finalmente la ley quedó sancionada.
Luego, el Poder Ejecutivo promulgó la norma mediante el decreto 759/2025, aunque incorporó el condicionamiento que terminó siendo cuestionado ante la Justicia.
El CIN, distintas universidades y representantes docentes acudieron entonces a los tribunales para reclamar la aplicación efectiva de la legislación.
Qué cambia con el nuevo fallo
La resolución conocida este martes avanza sobre el planteo central de las universidades y determina que el condicionamiento incorporado mediante el decreto presidencial no puede impedir la aplicación de la ley.
El fallo obliga ahora al Ejecutivo a avanzar con las medidas necesarias para poner en vigencia la norma, en un conflicto que lleva casi un año y que también había generado anteriores decisiones judiciales vinculadas con salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles.