La Justicia ordenó que la causa por la quinta de Pilar siga en CABA

La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por la casaquinta de lujo ubicada en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, deberá continuar en la Ciudad de Buenos Aires y no en el fuero federal de Campana, como pretendían los imputados.

La decisión fue tomada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes ordenaron que el expediente regrese al Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 10, a cargo de Verónica Straccia, y que se remitan todas las actuaciones que habían sido derivadas a Campana.

La causa busca determinar si la adquisición de la propiedad en Villa Rosa, junto con una colección de vehículos valuada en casi cuatro millones de dólares y otros bienes, formó parte de maniobras de presunto lavado de activos.

Los principales investigados son Luciano Pantano y su madre Ana Conte, vinculados a la firma Real Central SRL, propietaria del predio. La Justicia intenta establecer si actuaron como testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino y si los fondos utilizados tienen origen en recursos ligados a la entidad.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió y Facundo Del Gaiso, quienes señalaron que la sociedad no tendría capacidad económica suficiente para justificar la compra del inmueble, cuya escritura se habría realizado por un monto considerablemente menor.

El eje del conflicto judicial giraba en torno a qué tribunal debía continuar con la causa. Mientras la defensa sostenía que correspondía la jurisdicción de Campana por la ubicación del inmueble, la fiscalía argumentó que debía intervenir el fuero penal económico por la complejidad de las operaciones investigadas.

Al resolver la disputa, los camaristas consideraron que la causa excede la compra de una propiedad y abarca un entramado de operaciones financieras, societarias y patrimoniales que, en parte, se habrían desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, señalaron que lo determinante no es la ubicación física del inmueble, sino el lugar donde se habrían llevado a cabo las maniobras bajo sospecha, vinculadas a posibles delitos económicos.

El fallo también remarcó que varias de las sociedades investigadas tienen domicilio en la Capital Federal y que la escritura de compra se firmó en una escribanía porteña, lo que refuerza la competencia de ese fuero.

Con esta resolución, la Cámara zanjó la disputa de competencia y dispuso que la investigación continúe en el ámbito especializado en delitos económicos, donde se analizarán los movimientos financieros y vínculos entre los implicados.