El Gobierno revisa la Ley de Desarrollo Minero antes de reglamentarla

El Gobierno de San Juan ya puso en marcha el proceso de revisión de la Ley de Desarrollo Local Minero para luego avanzar en la elaboración de su reglamentación, el último paso considerado clave tras la aprobación obtenida en Diputados y así definir cómo se aplicarán en la práctica los nuevos mecanismos destinados a promover la contratación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en la actividad.

Según pudo confirmar DIARIO HUARPE a través de fuentes calificadas, el equipo legal de la provincia ya tomó contacto con el texto sancionado por la Cámara de Diputados y se encuentra en la etapa final de análisis técnico. Una vez concluida esa revisión comenzará el proceso formal de reglamentación, por parte del ejecutivo. El ministerio de Minería y el de Producción, son las carteras que abordaron desde el inicio ste proyecto.

La tarea demanda más tiempo del previsto debido a las modificaciones que sufrió la iniciativa durante su tratamiento legislativo. El proyecto original fue objeto de cambios en las comisiones y posteriormente recibió nuevas incorporaciones durante el debate sobre tablas, por lo que el Ejecutivo busca evaluar en detalle el alcance de cada uno de los artículos antes de avanzar con su implementación.

La norma fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y constituye una de las principales herramientas impulsadas por la gestión de Marcelo Orrego para aumentar la participación local en el desarrollo de los proyectos mineros.

Entre sus objetivos se encuentra que las empresas trabajen para alcanzar hasta un 80% de mano de obra sanjuanina y que hasta un 60% de las compras y contrataciones se realicen con proveedores radicados en la provincia, siempre que existan condiciones de competitividad.

Durante el tratamiento en comisiones se elevó del 20% al 30% el piso mínimo de trabajadores provenientes de los departamentos mineros dentro de la meta general de empleo local. También se incorporó una meta del 20% para proveedores radicados en las comunidades de influencia directa de los proyectos.

La versión finalmente sancionada sumó además otros cambios relevantes. Entre ellos, la incorporación de la etapa de poscierre de mina dentro del alcance de la ley, la participación de los municipios en los proyectos de desarrollo comunitario impulsados por las empresas y la vinculación de los Planes de Desarrollo de Empleo Local con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Otro de los puntos que deberá quedar definido durante la reglamentación es el funcionamiento de los incentivos previstos para las compañías que alcancen los objetivos establecidos por la norma. El texto aprobado establece que cualquier mecanismo de beneficio fiscal que impulse el Poder Ejecutivo deberá contar previamente con la aprobación de la Legislatura.

En ese contexto, la reglamentación aparece como una instancia decisiva para establecer los criterios operativos, los mecanismos de control y las herramientas que permitirán medir el cumplimiento de las metas fijadas por la ley.