La PIA pidió reabrir la causa $LIBRA contra los hermanos Milei

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) dio un giro drástico en la causa $LIBRA al presentarse formalmente en el expediente, asumir la acción penal en reemplazo del fiscal Eduardo Taiano y exigir la reapertura de la investigación.

En un escrito de 15 páginas dirigido al juez subrogante Daniel Rafecas, el organismo encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez argumentó que los sobreseimientos dictados en favor del presidente Javier Milei, su hermana Karina, los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el estadounidense Hayden Davis y el exasesor Sergio Morales fueron completamente prematuros.

El organismo advirtió que no existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario, señalando peritajes inconclusos, chats borrados, pruebas mal valoradas y un cuestionado apartamiento de los damnificados.

La intervención de la PIA se produjo luego de que el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el INECIP, actuando como amicus curiae, reclamaran su participación, recordando que el fiscal Taiano había dictaminado el sobreseimiento el jueves 22 de octubre a pesar de tener medidas pendientes, y el juez Marcelo Martínez de Giorgi cerró la causa al día siguiente antes de iniciar sus vacaciones, desatando una serie de apelaciones que ahora recayeron temporalmente en el juzgado de Rafecas.

Uno de los ejes principales de la apelación apunta a desestimar el argumento de que no existió estafa por tratarse de un mercado de criptomonedas sin regulación y de alto riesgo, sosteniendo la PIA que esa lectura omite considerar los roles repartidos de todas las personas involucradas en la maniobra denunciada, de las cuales el presidente de la Nación participó.

El organismo subraya que se investiga si el token $LIBRA se creó para inducir engañosamente a invertir utilizando como señuelo la promoción y el aval presidencial —con un posteo realizado el 14 de febrero de 2025 que prometía fondear pequeñas empresas argentinas— para luego levantar el capital y huir, enfatizando que la falta de regulación no constituye una carta blanca de indemnidad para sus promotores e incluso sugiriendo sumar cargos por delitos contra el orden económico, tales como la manipulación del mercado.

En cuanto a la trazabilidad de los fondos, el fiscal Rodríguez remarcó que las medidas quedaron inconclusas debido a limitaciones técnicas en la Procuración y a la falta de profundización sobre transferencias millonarias detectadas por la SIFRAI y la DGRADB, organismos que habían vinculado cuentas de Hayden Davis con intermediarios locales como Orlando Mellino y el financista Camilo Rodríguez Blanco en fechas coincidentes con reuniones en la Casa Rosada y movimientos hacia cajas de seguridad vinculadas a la familia Novelli, fondos que tranquilamente podrían estar ligados a funcionarios públicos.

Asimismo, la PIA cuestionó severamente que se hayan minimizado elementos clave hallados en los celulares y dispositivos peritados por la DATIP, tales como borrados selectivos de chats y mensajes con contactos clave como Karina Milei RRPP, un borrador de acuerdo hallado en el block de notas de Novelli que contemplaba pagos millonarios por tuits y contratos, una carta de intención de la firma Kelsier ofreciendo asesoramiento ad honorem en blockchain, y frecuentes llamadas y contactos en momentos críticos entre Novelli, el presidente Milei, su hermana, Demián Reidel y Santiago Caputo, los cuales fueron descartados bajo argumentos antojadizos sobre supuestas fallas en la cadena de custodia tras filtraciones periodísticas.

Finalmente, el organismo criticó que se hayan ignorado reuniones oficiales registradas en la Secretaría General de la Presidencia en 2024 y que se cerrara una causa compleja sin alcanzar un estado de certeza absoluta, dejando en evidencia que el expediente continuará su discusión en una nueva instancia judicial.