La querella pidió una condena de 11 años y dos meses para Pity Álvarez

La querella en el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez pidió este viernes 6 de noviembre una condena de 11 años y dos meses de prisión por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano, Buenos Aires. Sin embargo, los abogados de la familia solicitaron que, si el músico es condenado, pueda cumplir la pena bajo arresto domiciliario y acceder a salidas laborales por razones de salud.

El pedido fue presentado por el abogado Fabián Améndola, quien junto con Fernando Burlando representa a la madre de una de las hijas de la víctima. El planteo se realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29, durante el inicio de los alegatos que marcarán la etapa final del proceso judicial.

La acusación sostiene que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados comprendía sus acciones cuando disparó cuatro veces contra Díaz, tres de ellas a corta distancia. La querella descartó que hubiera actuado en legítima defensa y consideró que no existía un peligro que justificara continuar disparando después de que la víctima cayera al suelo.

Pese a solicitar una condena efectiva, Améndola pidió contemplar el estado de salud del músico y las dificultades que atravesó durante el proceso. La decisión sobre su responsabilidad penal y las condiciones de una eventual pena todavía depende del tribunal.

Por qué la querella pidió 11 años de prisión

Durante su alegato, Améndola sostuvo que las pruebas reunidas permiten atribuirle a Álvarez la responsabilidad por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.

El abogado afirmó que no se comprobó que Díaz estuviera armado ni que hubiera iniciado una agresión que justificara los disparos.

También señaló que la violencia del ataque y las consecuencias familiares del crimen debían considerarse al momento de evaluar la pena solicitada.

La víctima tenía 36 años cuando fue asesinada, el 12 de julio de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano. Su hija menor tenía ocho años en ese momento.

El pedido de arresto domiciliario para Pity Álvarez

Aunque la querella reclamó una condena de 11 años y dos meses, también solicitó que el músico pueda cumplirla en su domicilio, con autorizaciones para tratamientos médicos y actividades laborales.

Améndola argumentó que el estado de salud de Álvarez requiere condiciones especiales de atención. Además, planteó que las salidas laborales podrían contribuir a reparar económicamente el daño ocasionado a los damnificados.

La situación médica del cantante fue uno de los principales factores que demoraron el desarrollo del juicio desde el crimen ocurrido en 2018.

Actualmente, Álvarez permanece bajo tratamiento en una institución de salud mental y su condición fue evaluada en distintas oportunidades por profesionales médicos.

Qué declaró la hermana de Pity Álvarez

Antes del alegato de la querella, Silvina Débora Álvarez, hermana del músico, brindó el último testimonio de la etapa probatoria.

Durante su declaración sostuvo que su hermano atravesaba situaciones de hostigamiento en el barrio Samoré y que mantenía una relación previa con Díaz.

Según relató, el cantante le había manifestado que sintió miedo durante el enfrentamiento que terminó con la muerte de la víctima.

La mujer también describió las dificultades de salud que atraviesa Álvarez y aseguró que, en determinadas ocasiones, tiene problemas para reconocer el paso del tiempo y mantener sus actividades cotidianas.

Hacia el final de su exposición, pidió disculpas a los familiares de Díaz y manifestó su comprensión por el dolor que atraviesan.

Cuándo continuará el juicio contra Pity Álvarez

El proceso continuará el miércoles 11 de noviembre, cuando el fiscal Sandro Abraldes presente su alegato ante los jueces.

Posteriormente, el viernes 13, será el turno de los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes buscarán demostrar que el músico actuó en legítima defensa o que existió un exceso en esa figura.

Una vez concluidas las exposiciones, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 deberá evaluar las pruebas y determinar si corresponde dictar una condena.

Por el momento, el pedido de 11 años y dos meses de prisión representa únicamente la posición de la querella y no constituye una sentencia judicial.