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La Rioja declaró nula la ley de Onganía que fijó los límites con San Juan
La controversia involucra zonas de interés turístico y minero, incluyendo Ischigualasto y proyectos cordilleranos.
POR REDACCIÓN
Crece la polémica por la disputa territorial entre San Juan y La Rioja. La Cámara de Diputados riojana aprobara una ley que cuestiona la delimitación vigente entre ambas provincias y promueve acciones judiciales para revisar los límites establecidos hace más de medio siglo.
La iniciativa declara la nulidad de la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Según sostienen las autoridades riojanas, aquella norma definió los límites de manera unilateral y sin la intervención del Congreso de la Nación, generando un perjuicio territorial para La Rioja.
Como parte de la nueva legislación, se dispuso la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, encargada de analizar antecedentes históricos, jurídicos y cartográficos relacionados con la controversia.
Además, la ley instruye a la Fiscalía de Estado riojana a impulsar acciones directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre los primeros objetivos figura la solicitud de medidas cautelares que impidan el avance de actividades económicas o de explotación de recursos en las áreas cuestionadas hasta que exista una resolución definitiva sobre el diferendo.
La respuesta de San Juan no tardó en llegar. Desde el Gobierno provincial rechazaron la validez de la norma aprobada por la Legislatura riojana y remarcaron que los límites provinciales se encuentran consolidados legalmente.
Las autoridades sanjuaninas sostienen que ninguna provincia puede modificar unilateralmente una frontera interprovincial mediante legislación propia y recordaron que cualquier alteración territorial requiere la intervención del Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución.
Ante el avance de la iniciativa riojana, el Ejecutivo sanjuanino convocó a distintos sectores políticos y jurídicos para coordinar una estrategia común de defensa de los territorios involucrados. También anticipó que realizará las presentaciones correspondientes ante la Justicia para sostener la vigencia de los límites actuales.
La disputa abarca una extensa franja territorial que se extiende desde el Cerro El Potro hasta sectores cercanos al Valle de la Luna. Se trata de una región considerada estratégica por su enorme potencial económico.
Por un lado, el reclamo alcanza áreas próximas al Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales atractivos turísticos de San Juan y reconocido internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad.
Por otro, incluye sectores vinculados a importantes emprendimientos mineros, entre ellos zonas de influencia de Gualcamayo y del Proyecto Vicuña, donde se proyectan inversiones millonarias relacionadas con la explotación de cobre y oro.
Al tratarse de una controversia entre dos provincias argentinas, la definición final podría surgir mediante acuerdos políticos impulsados en el Congreso de la Nación o, en última instancia, a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, el conflicto suma un nuevo capítulo y pone en juego no solo cuestiones históricas y jurídicas, sino también intereses económicos ligados al turismo y la minería, dos actividades clave para el desarrollo regional.