La UOM echó a una camporista en medio de una causa judicial

La intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) profundizó la reestructuración interna del gremio en medio de la investigación judicial por presuntos desvíos de fondos y maniobras de defraudación. La conducción a cargo del interventor Alberto Biglieri resolvió rescindir un cuestionado convenio con la empresa USEM y desvincular laboralmente a María Soledad Calle, una dirigente identificada con La Cámpora y cercana al exsecretario general del sindicato, Abel Furlán.

La salida de Calle se produjo mientras avanzan actuaciones judiciales sobre movimientos patrimoniales que fueron incorporados al expediente que tramita ante el juzgado de Julián Ercolini. La investigación busca determinar si existieron irregularidades vinculadas con fondos de la organización sindical.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el crecimiento patrimonial de Calle. Según la documentación incorporada a la causa, en agosto de 2025 adquirió por 189.000 dólares un departamento ubicado en el primer piso de un edificio de la calle San José al 1100. La particularidad de la operación radica en que esa unidad se encuentra directamente debajo del inmueble donde reside la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ese mismo mes, Calle también habría adquirido el 50% de un BMW M135 XDrive, cuyo valor fue estimado en alrededor de 70.000 dólares. Las operaciones fueron señaladas dentro de las presentaciones realizadas en el expediente y motivaron nuevos pedidos de medidas judiciales.

En paralelo con el avance de la causa, la intervención de la UOM tomó decisiones sobre la estructura que había quedado bajo revisión. Biglieri dispuso la baja del vínculo laboral de Calle, con el correspondiente pago de las indemnizaciones, y ordenó interrumpir las prestaciones derivadas del acuerdo que la organización mantenía con USEM.

La desvinculación adquiere relevancia dentro del proceso de reorganización del sindicato, especialmente por el vínculo político que Calle mantenía con La Cámpora y por su cercanía con la anterior conducción de la UOM encabezada por Furlán.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa. Los querellantes solicitaron al juez Ercolini el allanamiento del inmueble de la calle San José y la realización de peritajes sobre movimientos bancarios, con el objetivo de determinar el origen de los fondos utilizados en las operaciones cuestionadas.

Una de las hipótesis bajo análisis apunta a establecer si recursos pertenecientes a la UOM pudieron haber sido utilizados para financiar adquisiciones particulares o incorporados al patrimonio de personas vinculadas al expediente. Esa cuestión deberá ser determinada por la Justicia a partir de las pruebas que se incorporen a la causa.

La salida de Calle y la rescisión del convenio con USEM representan, de este modo, dos decisiones centrales de la intervención de la UOM en un proceso de reordenamiento atravesado por una causa que puso bajo la lupa a dirigentes y operaciones vinculadas al gremio metalúrgico.