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Le perdonaban el robo si trabajaba y pagaba $20.000, pero no hizo nada
El hecho ocurrió en julio de 2024. El ayudante fiscal Pablo Quiroga participó de la audiencia en la que solicitaron declarar rebelde a la mujer, que podría perder el beneficio judicial.
Dos años después de robar un secador de manos del Centro Cívico, una mujer volvió a quedar en el centro de una causa judicial por no cumplir con las condiciones que le habían impuesto para evitar un juicio. La mujer debía realizar 60 horas de trabajo comunitario y pagar $20.000 al Estado, pero no cumplió con ninguna de las dos medidas y dejó de presentarse ante la Justicia.
Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal solicitó que fuera declarada rebelde, un pedido al que el juez de la causa hizo lugar. El ayudante fiscal Pablo Quiroga estuvo presente en la audiencia, en la que se expuso que la imputada tampoco había informado un cambio de domicilio a las autoridades judiciales.
El caso se remonta al 22 de julio de 2024, cuando Débora del Carmen Guardia y su hija, Tania Mailén Agostina Guardia, ingresaron a uno de los baños del Centro Cívico y sustrajeron un secador de manos eléctrico que estaba instalado en la pared. Ambas se retiraron con el aparato escondido entre sus ropas, pero la maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad del edificio y permitió identificarlas.
En agosto de ese año, madre e hija accedieron a la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año. En lugar de llegar a un juicio, debían cumplir determinadas condiciones para cerrar la causa: realizar 60 horas de tareas comunitarias en un plazo de seis meses y pagar $20.000 cada una como reparación simbólica a favor del Estado provincial.
La madre nunca cumplió
Mientras su hija recibió recientemente una condena de cinco meses de prisión efectiva por este robo, la situación de Débora Guardia sigue pendiente. La mujer no realizó las tareas comunitarias ni pagó el dinero acordado. Además, faltó en reiteradas oportunidades a las citaciones judiciales.
La última audiencia tenía como objetivo revisar el cumplimiento de las condiciones y determinar si correspondía mantener el beneficio, ampliar el plazo para completar las medidas o revocarlo.
Con la declaración de rebeldía, la Justicia busca garantizar que la imputada comparezca y permitir que el proceso avance. Si finalmente se revoca la suspensión de juicio a prueba, la Fiscalía podrá intentar avanzar hacia una condena.
Por ahora, esa decisión todavía no está tomada. La próxima audiencia será clave para definir si la mujer tendrá una nueva oportunidad para cumplir con lo acordado o si deberá enfrentar las consecuencias de haber incumplido las condiciones que le permitían evitar el juicio.