Judiciales > Por ser papá
Le rechazaron la libertad al penitenciario que estafó por $222 millones
La Justicia confirmó la prisión preventiva para el agente que engañó a sus colegas con inversiones inexistentes.
POR REDACCIÓN
El agente penitenciario Alejandro Jofré permanecerá tras las rejas al menos hasta el próximo mes de julio. La decisión fue tomada por un juez de impugnación, quien desestimó el pedido de libertad o arresto domiciliario presentado por su defensa bajo el argumento de que el implicado "acaba de ser papá". El imputado está señalado por liderar una maniobra de falsas inversiones que damnificó a sus propios compañeros del penal de Chimbas y a civiles, alcanzando una cifra de $222.000.000.
Durante la audiencia realizada este martes, la abogada María Filomena Noriega fundamentó su solicitud alegando que el acusado "lleva más de siete meses detenido". Según la defensa, el hombre "recientemente fue padre" y su expareja atraviesa "complicaciones de salud tras el parto", situaciones por las que "necesitaba su acompañamiento". Sin embargo, el juez Daniel Guillén rechazó estos argumentos al remarcar que Jofré "ya no era el concubino de esa mujer" y que incluso "tenía una nueva pareja".
La causa, que estalló el 5 de septiembre de 2025, cuenta actualmente con 51 víctimas registradas. La investigación llevada adelante por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco determinó que el engaño comenzó a gestarse a mediados de 2025.
En ese periodo, Jofré ofrecía colocar dinero en "negocios rentables" con "retornos en poco tiempo". Para consolidar la maniobra, el sospechoso "devolvía pequeñas sumas para generar confianza", lo que provocaba que más personas se sumaran a la operatoria.
El esquema colapsó cuando los pagos cesaron y los afectados comprendieron que el capital no regresaría. Por este hecho, el pasado 4 de marzo el juez Matías Parrón ya había resuelto extender la prisión preventiva por cuatro meses al considerar la "gravedad del hecho", la "cantidad de víctimas" y el "riesgo procesal".
La pesquisa no solo involucra al agente, sino también a su entorno familiar como presuntos partícipes necesarios. Su pareja, Gabriela del Rocío González; su hermana, Carla Luciana Jofré; y su padre, Américo Jofré, están imputados bajo la sospecha de que el dinero era transferido a cuentas a su nombre.
Como consecuencia, enfrentan embargos e inhibiciones de bienes mientras se intenta reconstruir el circuito del dinero. El juez Guillén concluyó que "la causa es compleja", que "continúa sumando denuncias" y que todavía "restan medidas de prueba importantes" para desestimar el planteo defensivo.