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Tres cámaras piden que la Ley de Desarrollo Local Minero no tenga cambios
Camarco, UISJ y Casemi reclamaron preservar el espíritu original del proyecto antes de que comience su tratamiento.
Por Marcos Ponce
A pocos días de que la Ley de Desarrollo Local Minero comience a debatirse en la Cámara de Diputados, tres de las principales entidades empresarias de San Juan salieron a fijar posición y reclamaron que los legisladores respeten el espíritu original del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. La Cámara Argentina de la Construcción Delegación San Juan (Camarco), la Unión Industrial de San Juan (UISJ) y la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI) difundieron un documento conjunto en el que respaldaron la iniciativa y defendieron sus lineamientos centrales.
El pronunciamiento llega en un momento sensible para la futura norma. Luego de varios meses de trabajo técnico y negociaciones entre el Gobierno provincial, empresas mineras y sectores productivos, el proyecto ingresó formalmente a la Legislatura y comenzará su recorrido parlamentario durante los próximos días.
Según confirmó el vicegobernador Fabián Martín a DIARIO HUARPE, la iniciativa tomará estado parlamentario la próxima semana y será girada a la Comisión de Minería, presidida por el diputado Gustavo Deguer, durante la sesión prevista para el 18 de junio. A partir de allí comenzará el análisis legislativo de una de las leyes más relevantes para el futuro de la actividad minera en la provincia.
Si bien las cámaras evitaron referirse a eventuales modificaciones concretas, el mensaje deja entrever una preocupación por preservar los aspectos centrales del texto elaborado por el Ejecutivo. En su comunicado remarcaron que la norma constituye una herramienta necesaria para articular el trabajo entre el Estado, las operadoras mineras y el entramado productivo sanjuanino, y sostuvieron que el fortalecimiento de las empresas locales debe seguir siendo el eje principal de la iniciativa.
El proyecto busca que el crecimiento minero tenga un impacto directo sobre la economía provincial mediante mayores niveles de contratación de mano de obra sanjuanina y una participación más amplia de proveedores locales en la cadena de valor. Entre sus metas centrales se encuentran alcanzar un piso del 80% de empleo local en cada operación minera y promover una participación mínima del 60% de empresas radicadas en la provincia en la provisión de bienes, obras y servicios, siempre que existan condiciones competitivas.
En ese contexto, las entidades empresarias hicieron especial hincapié en la futura reglamentación de la ley. Consideran que deberá garantizar igualdad de oportunidades para las firmas sanjuaninas y establecer mecanismos que permitan una prioridad efectiva para los proveedores locales frente al crecimiento de la demanda que generarán los nuevos proyectos mineros.
Además, sostuvieron que la legislación debe apoyarse en principios de transparencia, previsibilidad y competitividad. A su entender, esos factores serán determinantes para que las inversiones mineras puedan traducirse en un desarrollo económico sostenible y de largo plazo para la provincia.
Otro de los aspectos destacados por las cámaras es el rol que cumplen los proveedores locales en la construcción de la licencia social de la minería. Según plantearon, contar con empresas sanjuaninas fortalecidas, capacitadas y especializadas resulta clave para garantizar la sostenibilidad de los emprendimientos mineros y ampliar los beneficios económicos dentro del territorio provincial.
El respaldo empresarial coincide con la postura expresada por el vicegobernador Fabián Martín, quien días atrás destacó que el proyecto llega a la Legislatura luego de alcanzar acuerdos con los principales sectores vinculados a la actividad. Ese consenso previo, aseguró, podría facilitar tanto el tratamiento legislativo como su posterior aprobación.
Con inversiones proyectadas por más de USD 31.200 millones en grandes emprendimientos mineros, las cámaras empresarias decidieron hacer escuchar su voz antes de que el proyecto llegue a comisión. El mensaje hacia los diputados fue claro: avanzar con la ley, pero sin alterar los principios que dieron origen a una iniciativa considerada estratégica para que el boom minero se transforme en empleo, desarrollo empresarial y crecimiento económico para San Juan.