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Ley de humedales y el impacto que tiene en San Juan su aprobación
Con los incendios en Córdoba y en el Delta del Paraná, distintos organismos piden la aprobación de la ley de humedales.
En los últimos días las fotos de los incendios que suceden en Córdoba y en el Delta del Paraná son el registro del desastre agropecuario que afectó más de 30.000 hectáreas, según el informe oficial del Gobierno de Córdoba. Ante esta situación, organizaciones sociales y no gubernamentales comenzaron a pedir que avance el tratamiento de la ley de humedales.
Para entender el efecto de esta ley y el impacto que tendría en San Juan, DIARIO HUARPE dialogó con el secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Tello, y con Mariángeles Gaviorno, bióloga botánica de la Universidad Nacional de San Juan.
Según el funcionario, los incendios se deben “a la deforestación de flora autóctona y el avance agropecuario. Esto se produce al no tener políticas definidas sobre la preservación de estos terrenos”. Sobre la ley, aclaró que en este momento son cinco los proyectos que están siendo tratando por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación.
Entre los aportes que presentan los proyectos de leyes establecen presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales, lo que necesitaría de un relevamiento de estos ecosistemas.
A su vez, Gaviorno dijo: “Creo que las consecuencias van a ser primero que nada políticas y económicas. Hay un denominador común en esto que está sucediendo en Córdoba y en el Delta del Paraná, y es un conflicto de intereses y derechos. Por un lado, tenés el derecho a un ambiente sano, eso figura en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Por el otro, el derecho al desarrollo económico”.
Tanto Tello como Gaviorno coinciden en que además de la acción humana que generó los incendios, estos suceden en una temporada de sequía en el país, lo que dificulta controlarlos.
Sobre este punto, la bióloga aclara que lo que proponen las leyes es regular las actividades para lograr un desarrollo sostenible y no darle vía libre a las empresas privadas, ya que se tiene antecedentes sobre los daños permanentes que dejan.
En San Juan hay dos grandes sistemas de humedales: las Lagunas de Guanacache en Sarmiento, y las vegas de la cordillera sanjuanina. Los humedales son sistemas ecológicos muy frágiles ante las modificaciones.
“Siempre son conflictos de intereses, por ejemplo, en Guanacache tenés cuatro comunidades originarias y tienen un tremendo problema al acceso al agua potable, un derecho básico”, dice Gaviorno.
“El otro que es importantísimo son los humedales de la cordillera, que son las llamadas vegas. Las vegas son muy pocos conocidas a nivel social y muy complejas de estudiar, desde el punto de vista científico. Lo que se está haciendo es conocer qué hay, conocer la biodiversidad, pero además las vegas son importantes en la regulación de la cuenca hídrica de San Juan“, agrega.
Los humedales de las vegas son estructuras que actúan como esponjas y amortiguan las variaciones en los flujos de agua interanual. Es decir que influyen directamente en la disponibilidad y calidad del agua de deshielo que llega al Valle de Tulum. Esto ocasiona un conflicto de intereses con la industria minera de la provincia y también con la actividad de pastoreo trashumante de ganado chileno que se desarrolla principalmente en Calingasta. Ambas actividades tienen un impacto potencial sobre la estructura ecológica de las vegas.
“Nosotros no estamos en contra de la producción y el uso de los recursos para generar el desarrollo social, económico y ambiental, pero tienen que estar en equilibrio. Entendemos que la minería es una industria fuerte en nuestra provincia, pero somos conscientes de que eso hay que regularlo porque sino lo que sucede es que las empresas a mediano y largo plazo se retiran, y lo que nos queda es manejar los residuos de la explotación y sus daños permanentes”, dice Gaviorno.
Por último, cabe destacar que desde la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, los recursos naturales son potestad de las provincias.