Las cámaras vinculadas a la actividad minera, la unión industrial y los gremios aseguraron que este proyecto viola las autonomías provinciales e implicaría un freno para muchas actividades.
La normativa la impulsan para prevenir incendios en los Esteros del Iberá. Si se sanciona, sería para el país y establecería parámetros sobre las actividades productivas que se pueden hacer en donde hay humedales, lo cual paralizaría la actividad minera.