Los imputados de Branka Motors fueron atacados violentamente en el Penal

Los tres detenidos por liderar la millonaria defraudación de la empresa Branka Motors debieron ser cambiados de pabellón de manera urgente en el Servicio Penitenciario Provincial. La disposición se tomó luego de que los acusados denunciaran agresiones físicas, amenazas, hostigamientos y extorsiones por parte de otros presos dentro del Pabellón N° 2, Sector 1, en la parte vieja del establecimiento de Chimbas.

Ante este panorama, el abogado defensor José Daniel Tejada presentó un pedido urgente de resguardo físico para Alexis Javier Marcó, Jonatan David Marcó y Facundo Agustín Banega. El letrado argumentó que existía un temor fundado de que las agresiones escalaran y pusieran en riesgo la integridad física y psicológica de los imputados, por lo que solicitó que fueran trasladados al Sector 4, Pabellón 1, denominado "Los Espartanos". Las autoridades del penal hicieron lugar al reclamo inmediatamente.

Los tres involucrados se encuentran en prisión preventiva por un lapso de cinco meses por orden de la jueza de Garantías Ana Carolina Parra. La medida judicial se dictó después de que se cayera el acuerdo de reparación económica que se había pautado con las querellas y el Ministerio Público Fiscal. Los imputados asumieron el compromiso de abonar $524.000.000 en cinco cuotas para resarcir a los 352 damnificados, pero la primera cuota nunca se pagó.

En una audiencia previa, el fiscal Guillermo Heredia apuntó contra los sospechosos y manifestó que "no actuaron de buena fe" y que "contaban con el sustento económico suficiente para cumplir con lo prometido". Por su parte, las querellas calificaron la maniobra como una "doble estafa", argumentando que la primera fue contra los ahorristas y la segunda hacia el sistema judicial por firmar un convenio sin los fondos necesarios.

Durante ese mismo encuentro, Alexis Marcó y Facundo Banega aseguraron inicialmente que "la transferencia correspondiente al primer pago se había realizado". No obstante, una integrante de la Oficina de Medidas Alternativas refutó esos dichos al aclarar que "no existía acreditación alguna del depósito". Ante la evidencia, los propios acusados terminaron reconociendo que "no habían conseguido un préstamo que esperaban obtener en Mendoza y que tampoco habían podido ejecutar pagarés para reunir los fondos".

A raíz del incumplimiento, la magistrada Parra anuló el beneficio, reactivó la investigación penal con fecha límite en marzo del próximo año y ordenó el encarcelamiento preventivo por 5 meses al detectar peligro de entorpecimiento, antecedentes de infracciones previas y nexos fuera de San Juan. Pocos días después de ingresar al penal se desataron los incidentes violentos que forzaron su reubicación.