Los padres de alumnos preuniversitarios exigen precisiones sobre la recuperación de clases

El abogado Mariano Domínguez, representante de los padres de alumnos de los colegios preuniversitarios de San Juan que presentaron un amparo por la pérdida de días de clases, cuestionó la respuesta de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ante la medida cautelar dictada por la Justicia. Según sostuvo, el Rectorado manifestó que lleva adelante acciones para recuperar las jornadas escolares, pero no presentó detalles que permitan comprobarlo.

En diálogo con Radio Sarmiento, Domínguez explicó que el proceso judicial avanza en dos instancias paralelas. Por un lado, se encuentra la apelación de la universidad contra la medida cautelar que le ordenó adoptar acciones para evitar nuevas pérdidas de clases y establecer mecanismos de recuperación. Por otro, continúa el trámite principal del amparo, cuyo plazo para presentar un informe más completo vence en los próximos días.

Respecto de la primera instancia, el abogado señaló que la universidad no acompañó un plan de contingencia concreto. “Simplemente enunció que se estaban llevando adelante tareas para recuperar, que a nosotros al menos no nos constan y no las han acreditado en el expediente”, afirmó.

Domínguez también calificó como inconsistente la apelación presentada por el Rectorado. Según explicó, la UNSJ cuestionó que el juez haya dictado la cautelar sin otorgarle previamente la posibilidad de ejercer su defensa y exponer las medidas que supuestamente estaba implementando para garantizar la continuidad educativa.

Sin embargo, el representante de los padres consideró que ese argumento no está acompañado por información suficiente sobre las acciones adoptadas para recuperar los contenidos y las jornadas perdidas.

La discusión por los días sin clases

Otro de los puntos de controversia es la cantidad de jornadas en las que no hubo actividad escolar. De acuerdo con Domínguez, la universidad mencionó las inclemencias climáticas como una de las causas de la interrupción de las clases, pero no respondió específicamente a los días de paro incluidos en el reclamo de los padres.

El abogado sostuvo que la presentación judicial identificó expresamente las jornadas afectadas por las medidas de fuerza y que no incorporó los días en los que las clases se suspendieron exclusivamente por razones climáticas, salvo una jornada en la que coincidieron ambas circunstancias.

“Para nosotros es inconsistente el amparo”, señaló al referirse a los argumentos de la universidad. Además, indicó que en el descargo presentado por su parte se planteó que la UNSJ, en su condición de empleadora y responsable de prestar el servicio educativo, debe adoptar medidas dentro del marco normativo vigente.

En ese sentido, Domínguez afirmó que la universidad no acreditó haber implementado acciones suficientes para recuperar las clases ni para afrontar las interrupciones vinculadas con los paros docentes.

La obligatoriedad de garantizar la actividad educativa

En el expediente también deberá resolverse la interpretación sobre la obligación de garantizar el 75% de asistencia docente y la implementación de guardias mínimas, en el marco de la normativa que declara esencial a la educación. Según explicó el abogado, la universidad argumentó que no le corresponde hacer cumplir esas disposiciones durante las medidas de fuerza.

Ese planteo, junto con la obligación de presentar una propuesta de recuperación de las jornadas escolares, forma parte de los aspectos que deberán analizarse en la resolución de fondo del amparo.

Domínguez precisó que la apelación contra la cautelar todavía no fue concedida y que solicitaron la habilitación de días inhábiles para acelerar el tratamiento judicial. También aclaró que el recurso no tiene efecto suspensivo, por lo que el proceso principal continúa y la universidad debe presentar el informe correspondiente.

El alcance colectivo del reclamo

Durante la entrevista, el abogado también respondió a los cuestionamientos sobre la cantidad de padres que firmaron la presentación. Explicó que el escrito fue suscripto por diez representantes, pero cuenta con el acompañamiento de cerca de 200 familias mediante firmas.

Según detalló, la elección de esa modalidad responde a una estrategia procesal y al carácter colectivo del derecho que se busca proteger. Por eso, rechazó que la cantidad de firmantes permita desestimar el reclamo y sostuvo que la presentación procura defender los derechos educativos de los alumnos de los colegios preuniversitarios.

Mientras la Cámara de Apelaciones de Mendoza analiza la apelación, la causa seguirá su curso en la instancia principal. Allí, la universidad deberá ampliar sus argumentos y responder a los planteos vinculados con la recuperación de los días de clases perdidos.