Marcelo Molina, de Transporte, anunció sanciones por el paro de colectivos

El secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, cuestionó la medida de fuerza de la UTA que dejó este miércoles a la provincia con gran parte del servicio de colectivos interrumpido y advirtió que el Gobierno evaluará sanciones ante el incumplimiento de la prestación.

En diálogo con Radio Sarmiento, Molina sostuvo que la medida fue tomada de manera intempestiva y que, según indicó, no había sido comunicada formalmente ante la Subsecretaría de Trabajo ni ante el área de Transporte. "No se puede dejar así sin servicio ni afectar al pasajero de la manera que se lo hace", planteó.

El funcionario explicó que desde la Secretaría de Transporte se analiza el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas concesionarias. En ese sentido, señaló que las herramientas disponibles incluyen multas y sanciones económicas, además de la posibilidad de considerar los antecedentes al momento de evaluar la continuidad de las concesiones.

"El servicio lo tiene que garantizar la prestación completa", afirmó Molina, quien remarcó que el Estado es quien concesiona el transporte público y tiene la responsabilidad de controlar que las empresas cumplan con las condiciones bajo las cuales recibieron el permiso de explotación.

El conflicto salarial

La medida de fuerza está vinculada con el reclamo de los trabajadores por el pago de una nueva escala salarial que, según explicó Molina, habría sido acordada entre el sector empresarial y los trabajadores.

El funcionario señaló que el Gobierno tenía información sobre la existencia de un acuerdo salarial firmado, pero que aparentemente no se habría cumplido con el pago correspondiente. "Cuando los acuerdos salariales se firman, si usted firmó algo también tiene que respetarlo y también tiene que hacerlo cumplir", sostuvo.

Molina aclaró que el conflicto gremial deberá ser abordado en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, mientras que la Secretaría de Transporte debe concentrarse en garantizar la prestación del servicio.

Según explicó, se trata de dos vías diferentes: por un lado, la discusión entre empresarios y trabajadores por el cumplimiento del acuerdo salarial y, por otro, la obligación del Estado de controlar que el transporte público funcione.

Advirtió por posibles nuevas retenciones

Uno de los puntos que genera incertidumbre es la duración de la medida. Inicialmente se había informado que la retención del servicio se extendería hasta las 8, aunque durante la mañana no estaba garantizado que los colectivos volvieran a circular con normalidad.

Molina cuestionó también la posibilidad de que se produzcan nuevas interrupciones durante el día y pidió que el conflicto no vuelva a trasladarse a los pasajeros. "No se puede tomar al pasajero", sostuvo, al remarcar que los usuarios son quienes sostienen diariamente el funcionamiento del sistema.

El funcionario también vinculó la situación con el proceso electoral interno que atraviesa la UTA y que tendrá elecciones en los próximos días. Si bien planteó la posibilidad como un elemento a considerar, aclaró que el Gobierno deberá analizar todas las circunstancias que rodean la medida.

El impacto sobre los usuarios

Durante la entrevista, Molina también se refirió al aumento de la demanda de servicios alternativos registrado durante las primeras horas del paro. Según se informó durante el programa, los precios de viajes mediante aplicaciones y otros servicios llegaron a incrementarse hasta un 300%.

El funcionario consideró que esta situación es otra consecuencia directa de la interrupción del transporte público. "La víctima real es el usuario", afirmó, al cuestionar que los pasajeros queden en medio de una disputa entre el sector empresarial y el gremial.

La interrupción también generó dificultades para trabajadores que dependen del colectivo para llegar a sus empleos. Molina remarcó que quienes no pueden trasladarse por la falta de servicio pueden sufrir consecuencias como pérdida de presentismo.

Denuncias por amenazas

Durante la entrevista, los periodistas consultaron al funcionario por versiones según las cuales algunos choferes que intentaron salir a trabajar habrían sido amenazados por otros trabajadores, incluso con advertencias sobre posibles daños a las unidades.

Molina señaló que estaba tomando conocimiento de esa situación a partir de la entrevista y sostuvo que, si se confirma, se trataría de una "muy mala práctica". "Protestar, reclamar, buscar un derecho, corresponde, pero no se puede condicionar de esa manera si alguien quiere desarrollar la actividad", afirmó.

El funcionario agregó que, si hubo amenazas o impedimentos para trabajar, podrían corresponder denuncias policiales y actuaciones por parte de las autoridades.

Mientras continúa el conflicto, el Gobierno provincial deberá determinar las medidas a adoptar para garantizar la prestación del transporte y establecer, en los ámbitos correspondientes, las responsabilidades por la interrupción del servicio.