Política > Casa propia
Más de 250 familias sanjuaninas obtuvieron las escrituras de su casas
La entrega benefició a familias de seis departamentos.
Más de 250 familias sanjuaninas recibieron las escrituras de sus viviendas. Fue en el marco del Programa de Regulación Dominial dependiente de la Unidad Ejecutora Provincial de Regulación Dominial (Uepredo).
Los beneficiados fueron 258 familias de los departamentos Valle Fértil, Jáchal, Pocito, Santa Lucía, Rawson y Chimbas. Estas familias recibieron la escritura que acredita la propiedad de su inmueble, en el marco del programa dependiente de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de San Juan.
El acto tuvo lugar en dependencias del Centro Cívico y el gobernador Uñac estuvo acompañado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino; secretario de Vivienda y Hábitat, Robert Garcés; director de la Unidad Ejecutora Provincial de Regulación Dominial (UEPREDO), Pablo Zabala; la escribana mayor de Gobierno, Maira Mancini; el diputado provincial por Santa Lucía, Carlos Platero; los presidentes de los concejos deliberantes de Chimbas, Noelia Tortarolo; de Rivadavia, Juan Córdoba y de Santa Lucía, Luis Estévez y representantes de la municipalidades de Pocito, Fabián Silva y de Rawson, Guillermo Heredia, entre otros funcionarios.
Casa con nombre propio
El Plan de Regularización Dominial de la Vivienda Familiar está orientado a la entrega de escrituras a familias que no cuentan con el título de propiedad de su casa. Esta situación involucra a 539.629 hogares, lo que representa un universo de dos millones de personas aproximadamente.
Esto genera mayor igualdad, habilitando nuevas posibilidades a través de préstamos de refacción de la vivienda; garantía para el alquiler de comercios u otros inmuebles y sucesión de la propiedad.
El programa habilita la urbanización en barrios informales y permite la gestión de los servicios públicos y las obras de infraestructura. Además de aumentar la recaudación de impuestos, porque las familias empiezan a pagar las tasas municipales.
La propuesta se basa en cuatro tipos de acción para dotar al Estado y a los ciudadanos de nuevas herramientas y derechos: actualización y producción normativa, programas de financiamiento a provincias y municipios, articulación territorial para perfeccionar el acceso al trámite de regularización.