Minería > Impulso a la exploración
Mendoza reglamentó el uso de tierras fiscales para minería
Mendoza estableció condiciones diferenciadas según la etapa de cada proyecto. El nuevo esquema alcanza a las minas en explotación que operen sobre inmuebles estatales.
POR REDACCIÓN
El Gobierno de Mendoza reglamentó el uso de terrenos estatales vinculados a la actividad minera y estableció nuevas condiciones para la ocupación y aprovechamiento de inmuebles provinciales por parte de las empresas del sector. La medida fija criterios diferenciados según la categoría de la mina y la etapa de desarrollo de cada proyecto.
Uno de los principales cambios establece que las minas de primera y segunda categoría que se encuentren en etapa de explotación deberán abonar una contraprestación económica por utilizar inmuebles de dominio estatal. El monto fue fijado en el equivalente al 1% del valor fiscal del terreno y deberá renovarse semestralmente.
En cambio, las etapas de prospección y exploración quedaron excluidas de este nuevo canon. Según explicó el Gobierno mendocino, la intención es evitar mayores cargas económicas en las fases de mayor riesgo e incertidumbre para las empresas y favorecer la búsqueda de nuevos recursos minerales.
Desde la administración provincial señalaron que la reglamentación busca aportar mayor previsibilidad sobre los derechos y obligaciones de los operadores, además de ordenar la relación entre los derechos mineros y el patrimonio estatal.
Control y transparencia
La norma incorpora mecanismos de declaración y control destinados a mejorar la trazabilidad administrativa de las actividades desarrolladas sobre tierras provinciales. También establece criterios para determinar cuándo corresponde una contraprestación económica y bajo qué condiciones los inmuebles continúan afectados a la actividad minera.
Para las minas de tercera categoría ubicadas en terrenos estatales, Mendoza reglamentó además un régimen específico que contempla parámetros vinculados a la producción, el tipo de mineral explotado y la superficie utilizada.
La reglamentación fue elaborada con participación de la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado y Fiscalía de Estado. Según el Ejecutivo mendocino, el objetivo es combinar seguridad jurídica, administración eficiente de los bienes públicos e incentivos para nuevas inversiones mineras.