Judiciales > Gresca en barrio Río Blanco
Menor baleado en Rawson: un sindicalista minero y sus hijos, imputados
El fiscal Alejandro Mattar detalló la investigación y las medidas adoptadas tras el incidente en los barrios Río Blanco, que dejó a un menor herido de bala. Los imputados: el sindicalista minero y segundo de AOMA, junto a sus hijos.
Por Germán González
Este martes 24 de junio de 2025, el secretario adjunto de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) San Juan, Gustavo Rolando Rodríguez y sus hijos Rodrigo Naim y Gustavo Emanuel quedaron imputados por la balacera y gresca que hubo en el barrio Río Blanco, en Rawson, y que dejó como consecuencia a un menor herido de bala en la pierna.
Tras la conclusión de la llamada audiencia de formalización, el sindicalista minero y sus hijos, investigados como los autores de los disparos, fueron dejados en libertad por la jueza Verónica Chicón. La decisión judicial impuso medidas de restricción menos gravosas de lo solicitado por el fiscal del caso, Alejandro Mattar, que había pedido la prisión preventiva y una investigación penal preparatoria por cuatro meses.
Por su parte, la defensa de los imputados, representada por el abogado Néstor Olivera, expresó en la audiencia que “se demostró hasta el momento que los agredidos era la Familia Rodríguez, de los dichos del Ministerio Público Fiscal no se obtuvo una imputación concreta y además el pedido de prisión preventiva no es válido por cuanto no hay suficientes elementos para determinar la verosimilitud del hecho y cuáles son los peligros procesales que corre la investigación como para que queden detenidos; disponiéndose la libertad inmediata”.
Según lo detallado por el fiscal Mattar, de la UFI Delitos Genéricos, en rueda de prensa tras la conclusión de la audiencia, los acusados no pueden acercarse al barrio Río Blanco, donde residían, ni al barrio Los Caracoles, lugar de residencia de las personas que habrían estado vinculadas al hecho. Esta medida busca asegurar que la investigación pueda avanzar sin que los imputados influyan en los testigos, dado que ya se mudaron de domicilio.
El conflicto, que derivó en una "batalla campal" con numerosos proyectiles y botellas, se inició en las cercanías del domicilio de la familia Rodríguez (identificados como los imputados) y se extendió por aproximadamente dos cuadras. El escenario abarcó desde el punto inicial de la agresión hasta una zona donde se encontraron rastros de sangre del menor herido, en la media manzana cercana a la vivienda de los Rodríguez. La gravedad del enfrentamiento se evidencia en los más de 30 llamados telefónicos pidiendo auxilio y la presencia de proyectiles en casas vecinas del barrio Río Blanco. El menor resultó herido con un disparo en la pierna.
Es importante destacar que, hasta el momento, no se encontraron el arma de fuego ni proyectiles específicos de arma de fuego en la zona, aunque sí abundantes piedras y otros objetos. La imputación por disparo de arma de fuego se mantiene debido a la herida del menor. Además, los videos analizados muestran la participación de un grupo de aproximadamente 15 personas en la agresión.
La audiencia de formalización dispuso un plazo de cuatro meses de investigación para esclarecer el caso. El fiscal Mattar subrayó que los análisis para determinar la existencia de pólvora y otros rastros están en curso. Los principales objetivos de la investigación son determinar el origen y los detonantes del conflicto, establecer si los imputados realmente efectuaron los disparos y quién fue el autor material del disparo que hirió al menor.
Hasta el momento, se desconoce el motivo exacto de la agresión y si las partes involucradas se conocían previamente. Sin embargo, la presencia de otro herido que residía cerca del domicilio de los Rodríguez sugiere un posible conflicto barrial. El fiscal enfatizó que la participación de las 15 personas vistas en los videos también es parte fundamental de la investigación para determinar sus roles y circunstancias. En cuanto a la posibilidad de legítima defensa, el fiscal aclaró que el código penal no contempla este accionar como un eximente de pena en este contexto, por lo que los responsables deberán responder.