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Milei avanza con las medidas por Malvinas: investigarán a 45 empresas y personas
La Cancillería investigará a personas y compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional avanzó este viernes con una de las primeras medidas concretas luego de los anuncios realizados por Javier Milei en cadena nacional sobre la cuestión Malvinas. La Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por su presunta participación en actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.
Las actuaciones buscarán determinar si existieron incumplimientos a las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley 26.659, que regula las condiciones para realizar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina.
El proceso no alcanza únicamente a las petroleras que estarían desarrollando las actividades. También incluye a accionistas y empresas que brindaron diferentes servicios para posibilitar los proyectos.
“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, indicaron desde el Gobierno.
El inicio de los procedimientos no significa que las 45 personas y empresas ya hayan sido sancionadas. Cancillería deberá analizar cada caso, determinar las responsabilidades y, si comprueba infracciones, aplicar las penalidades correspondientes.
El Gobierno acelera las sanciones
La decisión se conoció un día después de que Milei anunciara en cadena nacional una serie de medidas vinculadas con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Este viernes, además, se publicó el Decreto 868/2026, mediante el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto quedó establecido como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.
La normativa también instruye a los organismos de la Administración Pública Nacional a informar a Cancillería, dentro de un plazo de cinco días hábiles, cualquier hecho que pueda constituir una violación de la ley.
Cuando existan indicios suficientes, se abrirá un sumario y se notificará al presunto infractor. A partir de ese momento, tendrá diez días hábiles administrativos para realizar su descargo y presentar pruebas.
La estrategia apunta a acelerar procedimientos que hasta ahora podían extenderse durante largos períodos y aumentar la presión sobre las compañías involucradas directa o indirectamente en las actividades petroleras.
Sea Lion, en el centro de la disputa
El avance del Gobierno se produce en medio de la preocupación por el proyecto Sea Lion, uno de los principales desarrollos petroleros previstos en aguas próximas a las Islas Malvinas.
La iniciativa está encabezada por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante.
El yacimiento se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago. Las compañías anunciaron a fines de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo, con una inversión estimada en USD 1.800 millones y el objetivo de comenzar la extracción de petróleo en 2028.
Argentina ya había sancionado previamente a ambas compañías: Rockhopper fue inhabilitada en 2013 y Navitas en 2022 para desarrollar actividades en el país.
La nueva ofensiva busca ir más allá de las operadoras y alcanzar también a la estructura empresarial que hace posible esos proyectos, desde accionistas hasta proveedores de servicios petroleros, financieros, logísticos y técnicos.
La medida forma parte de una estrategia más amplia anunciada por Milei, que incluye el envío al Congreso de modificaciones a la legislación vigente para endurecer las sanciones contra quienes participen directa o indirectamente de la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.