Milei prepara un proyecto para crear un Consejo de Seguridad Nacional

El Gobierno nacional acelera la elaboración de un proyecto de ley destinado a reformar el sistema de seguridad nacional, una de las iniciativas que el presidente Javier Milei pretende convertir en prioridad legislativa durante el segundo semestre del año. El objetivo es reorganizar los organismos con competencia en seguridad, defensa e inteligencia bajo un esquema de mayor coordinación estratégica.

Según trascendió desde el Ejecutivo, la propuesta aún se encuentra en etapa de redacción, aunque una vez finalizada será enviada al Congreso como parte de la agenda legislativa del oficialismo.

La iniciativa toma como referencia aspectos del modelo institucional de Estados Unidos, particularmente la legislación que en 1947 dio origen al Consejo de Seguridad Nacional y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La intención oficial es adaptar ese esquema a la estructura argentina para fortalecer la planificación frente a amenazas vinculadas con el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, los delitos transnacionales y los ciberataques.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, organismo que estaría integrado por el Presidente de la Nación, los ministerios de Seguridad y Defensa, la Cancillería, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Estado Mayor Conjunto y otros organismos con competencia en la materia.

Desde el Gobierno sostienen que esta estructura permitirá mejorar la coordinación entre áreas que actualmente intervienen de manera independiente sobre problemáticas similares, reduciendo superposiciones y fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado.

La reforma busca además consolidar en un único marco legal una serie de cambios implementados desde el inicio de la actual gestión, entre ellos la Ley Antimafia, las modificaciones al régimen de reincidencia y reiterancia, las reformas en los estatutos de las fuerzas federales, las nuevas herramientas de ciberseguridad y la actualización del sistema de defensa nacional.

El proyecto también se enmarca en el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. En ese contexto, el Ejecutivo destaca la adhesión argentina al programa Escudo de las Américas y otros acuerdos de colaboración orientados al combate del crimen organizado, el narcoterrorismo y las amenazas regionales.

En paralelo, el Gobierno ya avanzó mediante decretos en la reorganización de distintas fuerzas federales. Las reformas alcanzaron a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, incorporando cambios en sus estructuras internas, carreras profesionales, mecanismos de control y capacidades operativas.

En el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se ampliaron sus facultades para intervenir en tareas de seguridad interior cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo y se reforzaron sus responsabilidades en la protección del transporte.

La Gendarmería Nacional adaptó su estructura para enfrentar con mayores herramientas el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, el contrabando y el tráfico ilegal de armas y recursos naturales.

Por su parte, la Prefectura Naval reforzó sus funciones de prevención del delito en espacios marítimos, fluviales y lacustres, mientras que el Sistema Guardacostas obtuvo un mayor respaldo normativo para desarrollar tareas de vigilancia, monitoreo e inteligencia criminal.

En el Servicio Penitenciario Federal, la reforma consolidó su incorporación al esquema de fuerzas de seguridad bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, con énfasis en el combate de las organizaciones criminales que operan desde las cárceles, la capacitación del personal, la modernización administrativa y la incorporación de nuevas tecnologías.

Entre las próximas modificaciones previstas también figuran el fortalecimiento del sistema nacional de ciberseguridad para responder a ataques informáticos, proteger infraestructuras críticas y enfrentar campañas de desinformación y delitos cometidos mediante plataformas digitales.

Asimismo, el Ejecutivo proyecta actualizar el marco legal de la defensa aérea para ampliar las herramientas destinadas al control de vuelos irregulares vinculados al narcotráfico y otras amenazas transnacionales, además de revisar el funcionamiento de la SIDE, su estructura interna, la formación de su personal y la coordinación con los sistemas de inteligencia criminal y militar.

Con este paquete legislativo, el Gobierno busca consolidar una política de seguridad basada en una mayor integración entre organismos, fortaleciendo la planificación estratégica y la capacidad operativa del Estado frente a los desafíos actuales en materia de seguridad nacional.