Nación quiere desregular los libros: ¿serán más baratos o más caros?

El Gobierno nacional avanza en un anteproyecto liderado por Federico Sturzenegger para modificar el Régimen de Libro y Doblaje. La iniciativa busca derogar la Ley 25.542, vigente desde 2001, que establece un precio único determinado por los editores. Desde el Ministerio de Desregulación explicaron que "El proyecto tiene como objetivo principal que los libros sean más accesibles para los lectores.

Para lograr esto, lo que hace es eliminar una restricción que hoy impide que las librerías compitan en precios mediante descuentos, promociones u otras estrategias comerciales. Está claro que cuando hay más competencia, los consumidores tienen más opciones y mejores precios. La experiencia internacional respalda ese enfoque. No existe evidencia en el mundo de que el precio fijo sea necesario para preservar la bibliodiversidad".

Asimismo, las autoridades aclararon que "la reforma que se está trabajando no elimina editoriales, librerías, derechos de autor ni políticas culturales. Lo que elimina es una prohibición para competir en precios". Sin embargo, la propuesta genera un fuerte rechazo en el sector. Adolfo de Vincenzi, director de ILHSA, advirtió sobre el impacto en los comercios físicos al señalar que "Si se desregula todo, para los supermercados el libro debe ser el cero coma cinco por ciento de la venta. Lo pueden regalar sin ningún problema. Este país, que se caracteriza por tener muchas librerías, pasaría a tener un negocio que agonizaría. Me imagino a los supermercados o a Mercado Libre jugando en este mercado y rompiéndolo en dos segundos. Hoy ya tenemos problemas con Mercado Libre, porque su plataforma está hecha para favorecer el precio más barato. El libro para ellos es lo mismo que cualquier cosa: te mandan al más barato. Imaginate eso con total libertad".

Desde la industria, una fuente anónima indicó que "Ese escenario no existe más", refiriéndose a la antigua competencia con grandes superficies. Agregó que "Los supermercados hoy venden el 80% de libros infantiles que no se venden en librerías. Son libros hechos especialmente, casi siempre en China, para venderse en supermercados".

Por su parte, Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro, comparó la situación con otros mercados regionales al afirmar que "En países como Chile, como Uruguay, como Ecuador, como Colombia, no tenés ley de precio fijo. Y en esos lugares hay muchas menos editoriales y muchas menos librerías". Sobre la posible baja de valores, Pampín sentenció que "Creo que va a suceder lo mismo que sucedió con Uber. Inicialmente, vas a tener seguramente algún precio mejor. Pero a la larga eso va a producir, digamos, precios más altos, mayor concentración de la oferta y menor bibliodiversidad".

Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, aportó matices técnicos a la discusión indicando que "No creo que, en el corto plazo, la derogación baje el precio de los libros. El precio de venta depende de varios factores —volumen, costo del papel, tipo de cambio, costo logístico, inflación, entre otros— y hoy, con la ley vigente, lo define el editor. Con la derogación, el editor pasará a fijar un precio sugerido y será el canal el que determine el precio final, incorporando otras variables: margen del canal, política comercial de la plataforma, volumen de compra. Van a convivir precios distintos para un mismo título".

También se refirió a la venta digital al explicar que "Hay que resaltar, además, que la oferta de libros es amplia y cada catálogo tiene una dinámica comercial diferente. Algunos rubros funcionan mejor en la venta online —los libros para adultos, sobre todo los best sellers—; otros, como el infantil, dependen del punto de venta físico. La competencia podrá bajar el precio de alguna línea, pero eso se va a compensar con aumentos en otras para sostener los márgenes".

Rainone defendió la eficacia de la norma actual indicando que "El precio promedio del libro viene creciendo por debajo de la inflación. Es decir: en pleno funcionamiento de la ley, el precio real del libro cayó. Eso desmiente que la norma sea lo que encarece la lectura. Insisto sobre este punto, lo que encarece y hace que suban los precios son los costos asociados a la actividad".

En este sentido, la Fundación El Libro emitió un comunicado expresando que "Esta normativa no constituye un simple mecanismo comercial: es la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes en cada rincón de nuestro territorio".

Víctor Malumián, de editorial Godot, reconoció que la ley requiere ajustes pero no una eliminación total al plantear que "¿Podemos pensar una actualización? Sin lugar a dudas. Pero desregularla no es la forma de hacerlo". En contraste, un editor de larga trayectoria opinó que "La gente que escribe, que son siempre los más perjudicados de toda la cadena lo que necesitan es vender más libros". Agregó que "Y la verdad es que cuando se liberan estos descuentos, que nunca son mortales, se vende más".

Otras voces del sector enfocaron el problema en la logística y los impuestos. Una fuente consultada cuestionó que "Ahora bien si se desatara una competencia feroz por el libro, ¿Para qué pagar un alquiler comercial en un lugar top?". También remarcó las ventajas de la digitalización al decir que "Te lo ponés a vender por el canal digital y te ahorrás personal, alquiler, costos...". Este mismo informante denunció desigualdades fiscales al asegurar que "el Estado que quiere derogar esta ley permite que la luz que ilumina a una librería y el alquiler comercial del local le salga al librero 21 por ciento más caro que al local de ropa de mujer que está pared de por medio con la librería".

Asimismo, criticó que "La ley actual no contempla libro digital ni venta online, pues no existía. Y, por otro lado, la ley es tan estricta que el librero en Salta o Río Grande debe comerse a su costo el flete que corre por cuenta del librero. ¿Por qué no puede sumarle el flete? ¿Acaso las cosas que no son libros en Ushuaia cuestan lo mismo que en Buenos Aires?".

Rainone volvió a intervenir para proponer una vía intermedia al sostener que "Hay quienes entienden que la ley debe seguir como está y otros que creen que sería beneficiosa una modernización de la ley actual, ya que desde su implementación han aparecido nuevos formatos y cambios en los hábitos de consumo".

Recordó casos internacionales donde la falta de regulación afectó a grandes cadenas al explicar que "En caso de eliminar completamente la ley quedarían desprotegidas las librerías en general, no solamente las independientes o pequeñas. Por ejemplo, la aparición de Amazon en Estados Unidos, con fuertes descuentos, fue una de las causas del cierre de Borders —no la única, por supuesto—, una de las principales cadenas de ese país; y en Brasil, de dos de las cadenas más importantes como Cultura y Saraiva".

Para concluir, el titular de la Fundación El Libro enfatizó el rol social de estos espacios al afirmar que "Los lectores terminan ganando si podemos tener un marco donde protejamos los diferentes canales. Es fundamental destacar que las librerías no son simples comercios: funcionan como verdaderos centros culturales locales que cumplen una función social irremplazable de promoción de la lectura y dinamización comunitaria, cuyo enorme aporte no pasa solo por el lado de la economía ni se puede medir en términos monetarios".

Desde el anonimato, una editora admitió una tensión interna en el mercado al confesar que "Al negocio más bien le conviene que la ley no esté". Explicó que "Esa es la verdad, pero no te la van a decir, no la van a admitir, porque los editores tienen que quedar bien con los libreros". Finalmente, el consenso sobre la necesidad de actualizar el marco normativo se resume en la frase "No hay que derogarla, hay que modernizarla". Por su parte, una librera advirtió que la lucha es contra las plataformas y que "Habría que hacer algo para que leamos más, porque si no vamos a desaparecer exactamente de la misma manera".