Nature expone deforestación ilegal en El Impenetrable

Un estudio encabezado por investigadores científicos argentinos y publicado en la prestigiosa revista *Nature* documentó que entre 2009 y 2024 El Impenetrable chaqueño perdió 490.000 hectáreas de bosque nativo a raíz de un esquema de maniobras administrativas tendientes a convalidar la deforestación ilegal.

La investigación, liderada por Matías Mastrángelo, Sebastián Aguiar y Vera Krause, demostró el uso recurrente de herramientas del Estado provincial para flexibilizar la Ley de Bosques y permitir el desmonte en áreas protegidas.

El trabajo de campo consistió en la auditoría técnica de 15.042 permisos de uso forestal, 127.632 guías de transporte de madera y un conjunto de resoluciones oficiales expedidas a lo largo de 15 años.

Entre los hallazgos principales, los expertos constataron que durante 2024 el 55% de la madera extraída en la provincia provino de áreas taladas de forma irregular mediante la emisión de "autorizaciones especiales", un mecanismo de excepción cuya aplicación se incrementó de manera sustancial en el último quinquenio.

Modalidades detectadas y responsabilidad política

La publicación detalló la aplicación de seis estrategias administrativas orientadas a perforar los límites legales de conservación. Entre ellas se destacan la recategorización discrecional de terrenos clasificados en categoría amarilla (de bajo impacto) a verde (habilitados para el desmonte), el otorgamiento de permisos de uso silvopastoril que derivaron en la pérdida total del árbol, y la asignación de cupos de extracción que duplicaron o triplicaron la capacidad de producción real del bosque.

Este excedente de cupos posibilitó la inserción en el mercado formal de madera talada en zonas rojas, donde la ley prohíbe de forma absoluta la actividad.

De acuerdo con las conclusiones del informe, las irregularidades se desplegaron de manera continua durante los mandatos de los gobernadores Jorge Capitanich, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, Domingo Peppo y el actual mandatario Leandro Zdero.

La red de cobertura administrativa fue ratificada de manera reciente con la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques aprobada en la Legislatura provincial en 2024, medida que excluyó de la protección a 270.000 hectáreas desmontadas sin autorización previa y redujo los niveles de resguardo de otras 220.000 hectáreas.

Seis maniobras sistemáticas 

El artículo publicado en Nature examina las políticas y normativas sobre bosques desde 2009 hasta 2024. Detalla seis estrategias administrativas que promovieron la deforestación y redujeron deliberadamente la protección de zonas conservadas de bosque nativo en Chaco.

De acuerdo a la ley de bosques nativos, las provincias deben contar con un ordenamiento territorial para clasificar las zonas según su nivel de conservación: rojo, con bosques son inalterables; amarillo, para permitir actividades de bajo impacto; y verde, donde se puede modificar el terreno con autorización. La clasificación debería ser revisada cada cinco años.

El estudio expone –como detalla La Nación– que ante el pedido de 60 grandes propietarios las autoridades chaqueñas recategorizaron en 2012 zonas protegidas, pasándolas de amarillo a verde. Entre 2013 y 2018, esas empresas desmontaron 34.300 hectáreas. Un mecanismo que se volvió sistemático.

Al mismo tiempo, en zonas amarillas el estudio detectó que el 64% del área forestal con permiso de manejo silvopastoril es “indistinguible respecto a la tierra completamente desmontada, debido a la mortalidad gradual de los árboles dispersos y la interrupción forestal”. En tanto, se dieron permisos para extraer más del doble de lo que el bosque puede proveer de madera.

De los casi 8000 permisos otorgados entre 2010 y 2024 ‒sobre una superficie de 784.000 hectáreas‒ se superaron los límites o cupos de extracción de madera en las autorizaciones de uso silvopastoril (28%) y en las de extracción selectiva (22%).

Las autoridades actuales aseguraron que se redujo este tipo de maniobra durante su gestión, pero no es lo que muestra el estudio, que analizó hasta 2024. Sobre ese año, de hecho, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció un mecanismo de corrupción en los permisos y la fiscalización de los desmontes. “Nuestra investigación revela el entramado político-empresarial detrás del desmonte en Chaco”, planteó en su momento el abogado ambientalista Enrique Viale.

A esto se suma la práctica de “blanquear” la madera obtenida en desmontes ilegales. Algo registrado a niveles crecientes en el estudio publicado en Nature: “Hallamos que la autoridad subnacional había emitido autorizaciones especiales sobre 6800 hectáreas hasta 2019, mientras que en los últimos cinco años [2020–2024] emitió autorizaciones especiales sobre un área casi diez veces mayor [62.700 hectáreas de desmonte ilegal] que en la década previa”. Bajo el actual gobierno, “en 2024 el 55% de la madera extraída en la provincia del Chaco provino de desmontes ilegales a través de autorizaciones especiales”.