Nuevas acciones judiciales para apelar el sobreseimiento de Javier y Karina Milei

Un nuevo grupo de inversores damnificados por la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei presentó un recurso para apelar el sobreseimiento del mandatario y de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de evitar el cierre definitivo de la investigación.

El escrito judicial fue impulsado por Martín Romeo —quien actuó como querellante en el expediente— junto a otros dos pretensos querellantes, bajo el patrocinio legal del abogado Nicolás Oszust.

La presentación busca que se declare la nulidad del dictamen emitido por el fiscal Eduardo Taiano, el cual sirvió de base para que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi firmara la sentencia que sobreseyó a los once investigados el pasado viernes sin haberlos convocado a declaración indagatoria.

Los afectados apuntaron contra la totalidad de la resolución del magistrado al argumentar que se apoya en una decisión que no está firme y que omitió resolver el fondo del asunto, dejando pruebas fundamentales sin analizar.

En el documento, los damnificados rechazaron categóricamente la teoría de que las pérdidas respondieron a un "riesgo de mercado asumido". Por el contrario, sostuvieron que adquirieron el activo digital "después de un tuit presidencial cuyo contrato ya habían utilizado 74 billeteras preposicionadas".

Según detallaron, el pool de liquidez se creó a las 18:40, pero las primeras compras se registraron a las 19:01, momento exacto en que dichas billeteras ejecutaron 87 transacciones por unos 13,5 millones de dólares, apenas 22 segundos antes de que el Presidente difundiera públicamente el contrato.

Asimismo, remarcaron que las billeteras vinculadas al entorno del proyecto liquidaron los tokens de forma inmediata, concentrando la liquidez en una bóveda colectora que reunió más de 44,5 millones de USDC, lo que evidenciaría una rampa de salida planificada y la destrucción de evidencias sobre la maniobra.

En la misma línea, denunciaron una "coordinación con el Presidente", respaldada en registros de llamadas telefónicas mantenidas entre Milei y el lobbista Mauricio Novelli —uno de los principales impulsores de la criptomoneda— en los minutos previos y posteriores a la publicación en la red social X.

Respecto a la acusación que pesa sobre Karina Milei por presunto tráfico de influencias y cohecho vinculada a un supuesto acuerdo de 1.550.000 dólares con Novelli para lograr la participación presidencial, los recurrentes afirmaron que dicho contrato existió y se ejecutó.

Cuestionaron además que el fiscal Taiano basara su dictamen de inocencia en un informe elaborado por la propia Secretaría General de la Presidencia, ironizando con que "tomar esa respuesta como prueba de descargo equivale a sostener que alguien es inocente porque él mismo dice serlo", y acusaron al representante del Ministerio Público Fiscal de haber actuado como "abogado defensor".

Esta presentación se suma a la realizada el martes por otro damnificado, Juan Patricio Marchetto, patrocinado por Juan Grabois y Nicolás Rechanik, quien también exigió revocar la resolución judicial para que la causa por presunta estafa continúe su curso.