Ordenan publicidad de demanda y medida cautelar a favor de feriantes de Parque Centenario

El juez en lo penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Ferrer, ordenó la publicidad de una acción de amaro promovida por unos trescientos artesanos, feriantes y vendedores ambulantes para lograr el "reconocimiento oficial" del permiso para trabajar en el Parque Centenario de la ciudad de Buenos Aires. Según fuentes de Tribunales, el magistrado dispuso a favor de una veintena de los demandantes y dispuso una medida cautelar por la cual ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que les otorgue un permiso de uso precario para ejercer sus actividades en esa feria. La publicidad de la causa caratulada "Villar Antizana, Vanesa Luciana y otros" contra el GCBA "se hará a través de su publicación por el término de 15 días en la página web y mediante los medios de difusión del Consejo de la Magistratura de la Ciudad", indicó el juez. La acción de amparo fue promovida luego que, de acuerdo a los demandantes, el 26 de enero la Dirección General de Ferias y Mercados "por vías hecho, sin resolución escrita" y a pesar de contar con autorizaciones de las autoridades locales, les impidió seguir trabajando en la feria del Parque Centenario. Los amparistas acotaron que muchos de ellos son continuadores de la actividad desempeñada por sus padres y en otros casos se trata de "personas con discapacidad". Los demandantes afirmaron que en 2016 se hizo el último censo completo de la feria y dijeron que luego la lista originaria tuvo modificaciones que fueron aceptadas por el GCBA, lo que les permitía ejercer su trabajo. Los accionantes aclararon que no son "manteros", pidieron ser censados "en forma íntegra" y recordaron que días después que se les impidiera trabajar, "el 29 de enero de 2019 presentaron los listados de los feriantes legales que fueron privados de su trabajo y solicitaron entrevistarse" con la Directora General de Fiscalización de Espacios Públicos. Para dar curso a la causa y ordenar las medidas cautelares el juez ponderó el "derecho a trabajar y a la subsistencia de los firmantes y su grupo familiar" ya que los demandantes no tendrían con qué afrontar sus necesidades básicos.