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Penitenciarios: Aseguran que en 45 días sumarán a 120 nuevos agentes
El Gobierno de San Juan aún evalúa cómo afrontar el costo de incorporar 120 nuevos efectivos al Servicio Penitenciario, de un total de 400 egresados, en un contexto de estricta austeridad fiscal.
Por Marcos Ponce
El Servicio Penitenciario Provincial de San Juan se encuentra a la espera de una decisión clave que impactará directamente en su estructura y, por ende, en las arcas provinciales. Tras meses de evaluación y planificación, se confirmó la inminente incorporación de 120 nuevos efectivos, puntualmente en 45 días, que elevará la planta total del Penal de Chimbas a 1.500 trabajadores.
Enrique Delgado, titular de la Secretaría de Seguridad, confirmó que "en los próximos 45 días se inciorporarán a los 120 nuevos agentes del Servicio Penitenciario Provincial". Además, el funcionario dijo que "la decisión ya está tomada y antes de que quede inaugurado el nuevo sector 5, ya estaremos sumando más personal".
El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, ya había adelantado que “la incorporación responde a una necesidad estratégica: mejorar las condiciones de seguridad dentro del penal, que ha experimentado un aumento en su capacidad de alojamiento con la construcción de nuevas plazas, y garantizar una gestión más eficiente en la custodia de los detenidos. La demanda de personal es palpable y el refuerzo es visto como indispensable para optimizar las operaciones diarias.
Estos 120 nuevos efectivos no son improvisados; forman parte de un universo de 400 estudiantes de la escuela penitenciaria que ya finalizaron con su formación y que aguardaban su nombramiento. Su incorporación permitirá no solo cubrir vacantes existentes, sino también ampliar significativamente la capacidad operativa del penal. Con el aumento de la población carcelaria y la expansión de la infraestructura, el ingreso de estos agentes es fundamental para mantener el orden y la seguridad interna.
El desafío para el Gobierno radica en cómo cuadrar estos nuevos egresos con la premisa de la austeridad. Cada sueldo adicional representa un impacto en el presupuesto provincial, y la administración actual se ha caracterizado por un estricto control del gasto público. La balanza entre la inversión necesaria en seguridad ciudadana y el compromiso con la disciplina fiscal es delicada. La decisión no solo marcará el rumbo del Servicio Penitenciario, sino que también será una clara señal del equilibrio que el Gobierno busca mantener entre sus prioridades.