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Perea aclaró los cambios del RIGI y defendió el alcance de la ley de proveedores

El ministro de Minería explicó a DIARIO HUARPE el alcance del cambio en el RIGI en San Juan y sobre la ley de Desarrollo Local Minero.

Por Lucas Laciar

El ministro de Minería de San Juan habló tras el revuelo que se armó con los cambios del RIGI. (Foto: DIARIO HUARPE).

El Gobierno nacional modificó la definición de proveedor local del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y amplió el alcance para que las empresas radicadas en Argentina, incluso con capital extranjero, puedan ser consideradas proveedoras locales. Tras el anuncio, los referentes de cámaras de proveedores mineros que sí se animaron a hablar con DIARIO HUARPE plantearon sus posturas y expresaron preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre las empresas sanjuaninas. Luego de esos cuestionamientos, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, aclaró a este medio los alcances del cambio y puso el foco en lo que sucede con la ley de Desarrollo Local Minero.

Qué pasa con los proveedores sanjuaninos

El titular de la cartera minera buscó marcar una diferencia entre las reglas del régimen nacional y las herramientas que tiene San Juan para promover la participación de sus empresas. Perea sostuvo que el compromiso de contratación establecido por el RIGI es de alcance nacional y que no contempla una prioridad para las firmas sanjuaninas frente a las radicadas en otras provincias.

"Ese cupo siempre fue nacional, no sanjuanino: para el régimen nacional una empresa de cualquier provincia cuenta igual que una de San Juan".

La aclaración apunta a uno de los principales puntos de preocupación de los referentes empresariales: la posibilidad de que compañías de otras provincias y filiales locales de grupos extranjeros compitan por las contrataciones que realizan los grandes proyectos mineros.

Sin embargo, Perea remarcó que el cambio nacional no modifica la Ley 2827-M de Desarrollo Local Minero ni el Registro de Proveedores Mineros (Repromin), los instrumentos provinciales destinados a promover el empleo y las contrataciones dentro de San Juan.

Según explicó, la normativa establece objetivos propios:

"La ley provincial tiene metas propias, de 80% de empleo sanjuanino y 60% de compras a proveedores sanjuaninos. Para esas metas solo cuentan los proveedores inscriptos en el Repromin", indicó a DIARIO HUARPE.

La legislación provincial apunta a que una mayor proporción del empleo y las contrataciones de la actividad minera quede en San Juan, mediante mecanismos de identificación y seguimiento de las empresas locales. De esta manera, el criterio nacional de proveedor argentino no reemplaza los requisitos de arraigo que establece la provincia para reconocer a sus proveedores dentro de su propio régimen.

Sobre la puesta en marcha de esa herramienta, el ministro adelantó a este medio: "La reglamentación de la ley provincial está por publicarse en breve y con ella el régimen provincial quedará en condiciones de aplicarse".

Finalmente, Perea remarcó cuál considera que será el instrumento para las empresas locales frente al nuevo escenario: "La herramienta para el proveedor sanjuanino sigue siendo la ley provincial, ya que la definición del RIGI solo distingue entre proveedores argentinos y extranjeros, no entre provincias".

Qué cambió en la definición del RIGI

El decreto nacional 1366/2026, publicado el 16 de noviembre en el Boletín Oficial, modificó la definición de proveedor argentino. Antes, las empresas debían estar constituidas y domiciliadas en el país y tener al menos el 51% del capital o de los votos en manos de titulares con domicilio fiscal en Argentina. Ahora alcanza con que estén constituidas y domiciliadas en el territorio nacional, sin importar quiénes sean sus propietarios ni el origen de su capital.

Sobre ese punto, Perea explicó a DIARIO HUARPE:

"Antes, para ser proveedor argentino una empresa debía estar constituida y domiciliada en el país y tener el 51% del capital o de los votos en manos de titulares con domicilio fiscal en Argentina. Ahora basta con la constitución y el domicilio en el país, sin importar quiénes sean sus dueños ni de dónde provenga su capital. El fundamento oficial es integrar a las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los proyectos".

El 20% y la competencia nacional

Uno de los aspectos que buscó aclarar el ministro es que la modificación no eliminó ni redujo el compromiso de contratación previsto por el RIGI. Los proyectos adheridos deben destinar al menos el 20% de los montos correspondientes a bienes y obras a proveedores argentinos, tanto durante la construcción como en la operación, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado.

"El compromiso de los proyectos no se modifica. Deben contratar proveedores argentinos por al menos el 20% de lo que pagan en bienes y obras, tanto en la construcción como en la operación, si hay oferta nacional en condiciones de mercado", precisó.

La diferencia está en qué empresas pueden integrar ese porcentaje. Con la nueva definición, también podrán hacerlo las filiales argentinas de compañías extranjeras. Esto significa que las firmas de capital nacional dejan de tener una reserva dentro de ese 20% y pasan a competir con empresas cuyo capital proviene del exterior, siempre que estén radicadas en el país y cumplan los requisitos.

La aclaración del ministro llega después de los cuestionamientos de referentes de Caprimsa, Casemica, la Cámara de Proveedores Mineros de Ullum y AITURIC, que plantearon distintas preocupaciones sobre la competencia y el arraigo territorial de las empresas que participan de los proyectos mineros. Ahora, el desafío para la Provincia será poner en funcionamiento la Ley 2827-M y su registro para determinar cómo se computará la participación de las empresas sanjuaninas en las contrataciones de la actividad.

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