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Piden a la Legislatura medidas para aliviar las deudas familiares
Una iniciativa ciudadana busca crear un régimen extraordinario ante una mora provincial del 20,49%, superior al promedio nacional.
Por Marcos Ponce
Con una tasa de mora del 20,49%, por encima del 17,4% nacional, una iniciativa ciudadana pide a la Cámara de Diputados de San Juan que avance con un régimen extraordinario para atender el sobreendeudamiento de las familias durante 12 meses. El proyecto fue presentado por el abogado, y dirigente de Compromiso, Marcelo Arancibia y propone asistencia, regularización de deudas y protección de los ingresos para quienes no puedan afrontar sus compromisos sin afectar las necesidades básicas del hogar.
La dimensión del problema aparece en los datos que acompañan la propuesta. Según un informe elaborado con registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizados a junio de 2026, 313.519 sanjuaninos están formalmente endeudados. Representan el 38,1% de la población provincial y, dentro de ese universo, 101.156 personas se encuentran en situación de mora grave.
La presentación ingresó como iniciativa ciudadana y solicita que sea distribuida entre los bloques para que una legisladora, un legislador o una bancada adopte formalmente el proyecto y pueda enviarlo a las comisiones correspondientes.
El anteproyecto establece una emergencia provincial en materia de sobreendeudamiento familiar y protección de ingresos por 12 meses. El Poder Ejecutivo podría prorrogarla una única vez por hasta otros 12 meses. El programa de asistencia sería gratuito y alcanzaría a personas en mora, a quienes destinen más del 30% de sus ingresos al pago de deudas o a quienes, aun sin estar en mora, no puedan afrontarlas sin comprometer el mínimo vital y familiar.
La iniciativa plantea un mecanismo de diagnóstico y conciliación administrativa para ordenar las deudas y establecer propuestas de regularización. El proyecto contempla consolidación de saldos, eliminación de cargos ilegítimos, condonación de intereses, reducción de otros intereses y planes de hasta 48 meses. La idea es distribuir el impacto de la crisis entre deudores y proveedores de crédito, bajo un principio de “esfuerzo compartido”.
Uno de los puntos más específicos está dirigido a Banco San Juan. El proyecto obliga al Ejecutivo a negociar una adenda al contrato de vinculación con el agente financiero provincial. Entre las condiciones previstas figuran la eliminación de cargos no pactados o ilegítimos, la condonación de intereses moratorios y punitorios, una reducción de los intereses compensatorios, 90 días de gracia y planes de hasta 48 meses.
El salario de los empleados públicos es otro de los ejes. Durante la emergencia, los agentes alcanzados podrían solicitar la suspensión por 12 meses de los códigos de descuento voluntarios destinados a préstamos, compras financiadas y otras obligaciones comerciales. La deuda no se extinguiría: el acreedor debería ofrecer un medio gratuito para continuar con el pago. Además, el proyecto establece una protección para que las deducciones voluntarias no reduzcan la parte disponible del haber por debajo del 80% de la remuneración neta, una vez descontados los conceptos obligatorios.
La propuesta también incorpora alivio tributario durante 12 meses para determinados impuestos vinculados a la vivienda única y a un vehículo de uso personal, familiar o laboral, además de beneficios sobre el componente provincial de Ingresos Brutos en determinados casos. Los municipios serían invitados a adherir con medidas equivalentes.
Otro capítulo apunta al juego online. Los operadores de apuestas electrónicas no podrían otorgar créditos, adelantos o saldos negativos para financiar apuestas ni presentar el juego como una alternativa para resolver deudas. El proyecto, además, fija obligaciones de evaluación de capacidad de pago y limita prácticas abusivas de cobranza.
El texto aclara que la Provincia no asumiría ni garantizaría las deudas privadas. El objetivo es generar acuerdos que permitan su cumplimiento sin que el pago de las obligaciones comprometa la alimentación, la vivienda, la salud o la educación de las familias. También propone crear un Observatorio Provincial de Endeudamiento de los Hogares para reunir y publicar información sobre morosidad y nivel de endeudamiento.