Piden ocho años de cárcel para el policía sanjuanino acusado de abusar de su hijastra

Un miembro de la policía de San Juan se presentará ante un tribunal unipersonal tras la finalización de la etapa de investigación preparatoria. El acusado, L.G.C, de 32 años, afrontará el debate oral debido a las imputaciones por agresiones sexuales cometidas contra su hijastra, quien es menor de edad. Ante el avance de la causa, la fiscal Valentina Bucciarelli ya definió la pretensión del Ministerio Público y anticipó que solicitará una condena de "ocho años de prisión de cumplimiento efectivo".

El expediente penal fue elevado a la instancia de debate por disposición del juez Alberto Caballero. La imputación fiscal encuadra el comportamiento del funcionario bajo las figuras de abuso sexual simple agravado por la convivencia, junto con exhibiciones obscenas agravadas por la edad de la damnificada, aplicadas en concurso real. La pieza acusatoria reúne un total de tres sucesos independientes ocurridos durante 2025.

El primero de los acontecimientos investigados se produjo en la madrugada del 17 de agosto de 2025, en el interior de una cabaña situada en Valle Fértil. Según la acusación, mientras la adolescente permanecía sentada en el comedor, el imputado se aproximó, le tomó la mano, se bajó el pantalón y la ropa interior con el fin de exhibir sus partes íntimas e incitarla a realizar tocamientos. Ante la evidente incomodidad de la menor, ella intentó distanciarse, pero el acusado la sujetó por la espalda para efectuar tocamientos corporales.

Los abusos continuaron a inicios de noviembre de 2025 en un domicilio de Rawson, vivienda familiar donde el policía convivía con la madre de la menor. En dos ocasiones consecutivas, el acusado vulneró la integridad de la joven mediante tocamientos efectuados con un teléfono celular y jalando de su ropa interior en circunstancias en que ella dormía o se encontraba de espaldas. Debido a la gravedad de estos episodios, la víctima decidió relatarle lo sucedido a una amiga de su entorno, quien le brindó contención y la motivó a requerir asistencia de adultos. Este paso posibilitó la presentación de la denuncia penal ante la UFI ANIVI y la consecuente intervención de los equipos técnicos del Poder Judicial.

En la etapa previa al juicio, los abogados defensores del policía, José Beltrán y Mario Morán, optaron por no interponer oposiciones a la elevación de la causa, aunque ratificaron "la inocencia de su patrocinado" en sus declaraciones técnicas. Por su parte, la fiscalía sostuvo formalmente que "no hay dudas" en cuanto a la responsabilidad penal del uniformado. Finalmente, por resolución del juez Caballero, el acusado transitará el resto del proceso judicial en condición de libertad, sujeto a medidas coercitivas estrictas que establecen la prohibición absoluta de acercarse a la denunciante y a su grupo familiar.