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Pitbull mordió a una mujer en Pocito y su dueño tendrá que pagarle $100.000
El hecho ocurrió en mayo, cuando el animal salió de una vivienda y mordió a la mujer en un brazo. Las partes firmaron un acuerdo conciliatorio en el Ministerio Público Fiscal.
Un hombre acordó pagarle $100.000 a una mujer que fue atacada por su perro pitbull mientras caminaba por una vereda del departamento Pocito. El episodio ocurrió el 9 de mayo de 2026 y terminó con una lesión en uno de los brazos de la víctima. Meses después, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio para poner fin al conflicto penal.
Según consta en el legajo del Ministerio Público Fiscal, el ataque se produjo alrededor de las 10:30, cuando la mujer circulaba a pie por la vereda frente a una vivienda del barrio Cruce de los Andes, en Pocito. En ese momento, desde el interior del domicilio salió un perro de raza pitbull, propiedad de Matías Vedia, que se abalanzó sobre ella y la mordió en el brazo izquierdo. La agresión también provocó que la mujer cayera al suelo.
El informe médico incorporado a la investigación determinó que la víctima presentaba una herida contusa de 5 por 5 centímetros en el antebrazo izquierdo. De acuerdo con la evaluación profesional, la lesión demandaría unos 15 días de curación y le provocaría 10 días de incapacidad, salvo complicaciones.
El acuerdo económico
El 18 de septiembre, las partes comparecieron ante el Ministerio Público Fiscal y firmaron un acuerdo conciliatorio por un total de $100.000. Según el documento, el propietario del animal realizó una primera transferencia de $50.000 mediante Mercado Pago y se comprometió a entregar los $50.000 restantes en efectivo, en una sola cuota.
El plazo establecido para completar el pago es de 10 días hábiles desde la homologación del acuerdo por parte del juez de Garantías.
El documento también establece que la conciliación no implica un reconocimiento de los hechos ni de responsabilidad por parte del denunciado. Su finalidad es extinguir la acción penal una vez que el acuerdo sea homologado y se cumplan todas las obligaciones económicas.
Hasta que eso ocurra, el legajo permanecerá reservado. En caso de incumplimiento, tanto la denunciante como el Ministerio Público Fiscal podrán solicitar la reapertura de la investigación.