Polémica por fondos del Garrahan destinado a la emisión de bonos y títulos financieros

La administración del Hospital Garrahan reconoció formalmente que redirigió más de 50 mil millones de pesos de la institución hacia bonos, títulos, letras y fondos comunes de inversión, en paralelo a la aplicación de un severo ajuste y recortes presupuestarios que afectaron al personal de salud.

La revelación, que confirma las sospechas sostenidas por los trabajadores durante el conflicto salarial y la resistencia a la ley de emergencia pediátrica, se conoció tras un amparo judicial que obligó a entregar documentación oficial largamente retenida tras pedidos de acceso a la información pública denegados durante dos años.

De acuerdo con los informes de 306 y 81 páginas entregados el 29 de junio en el marco del Expediente Judicial N° 23618/2026 y el CAF 39186/2025, el total de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2025 alcanzó los $58.107.618.576,02.

Dicha cifra se compone de $40.899.287.551,75 en bonos, títulos y letras, y $17.208.331.024,27 en el Fondo Común de Inversión Pellegrini, mientras que los depósitos a plazo fijo figuraban en cero. Los registros detallan que, en el período de mayor ajuste entre 2024 y 2025, la cantidad de dinero colocada en instrumentos financieros aumentó en $4.691 millones.

Desde la Asociación de Profesionales Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos (APyT) y los comunicados difundidos por los trabajadores, se denunció enérgicamente que, mientras se argumentaba la falta de fondos para salarios e insumos y se recortaron las transferencias de la Nación en un 37% en menos de un año —pasando de $304.627 millones en 2024 a $252.077 millones en 2025 sin contabilizar la inflación del 31,55%—, existían millonarios excedentes colocados en la timba financiera.

Los gremios calcularon que, con el monto invertido, se habrían podido abonar 48.500 sueldos iniciales de un profesional de la salud del hospital vigentes antes de noviembre de 2025, cuestionando además que el superávit reportado (de $24.612 millones en 2024 y $16.652 millones en 2025) se logró a costa de congelar los salarios de los empleados durante meses.

Por su parte, fuentes de la administración del Garrahan justificaron la medida y aseguraron que se actuó al amparo del DNU 668/19, del 30 de septiembre de 2019, del gobierno de Mauricio Macri, el cual estipula que los excedentes transitorios de las instituciones públicas deben ser colocados en títulos públicos. Argumentaron que los más de $58.000 millones no corresponden a dinero parado, sino a una "tenencia transitoria" destinada a atender gastos operativos, compromisos de ejecución futura, obras, bienes de capital y funcionamiento general, remarcando que a medida que las obligaciones se devengan, los fondos se van retirando para mantener la previsibilidad del centro de alta complejidad.

Asimismo, la administración defendió su gestión asegurando que se ejecutó el plan de obras más importante desde la creación del hospital, superando los 30 mil millones de pesos invertidos.

Entre los trabajos enumerados se destacan la finalización del área de radioterapia con la incorporación de un acelerador lineal y un tomógrafo simulador junto a la CNEA, la compra de 310 camas de internación, la renovación de equipamiento esencial de quirófanos —mesas quirúrgicas y arcos en C—, la sustitución de sillas de ruedas, la habilitación del helipuerto, el avance en la obra de trasplante de médula ósea (abandonada por gestiones anteriores) y la remodelación de habitaciones para médicos de guardia, enfatizando que al hospital nunca le faltaron insumos.

La controversia también abarcó el análisis de los gastos operativos y la estructura presupuestaria. Entre los rubros más elevados figuraron la seguridad privada con $13.234 millones y la Policía de la Ciudad con $377 millones, montos comparados con los destinados a la comida de pacientes internados ($15.389.209.200), la limpieza integral ($27.375.678.816) y las remodelaciones edilicias ($18.339.872.590,72).

Respecto a la presencia policial, desde la administración aclararon que la fuerza porteña coexiste desde la inauguración del hospital para garantizar la seguridad de la sede del Banco Nación y los cajeros automáticos del Banco Ciudad dentro del edificio, además de intervenir en situaciones judiciales.

Voces del ámbito familiar y de la comunidad médica expresaron un profundo rechazo a estas prioridades financieras. Anna Mareco, madre vinculada al hospital desde hace más de 20 años y testigo de intervenciones históricas, criticó duramente que no se invierta de manera prioritaria en recursos humanos y accesibilidad para los niños que arriban desde todo el país.

Según denunció, la falta de reemplazos para las casi 500 personas que abandonaron la institución genera una sobrecarga laboral y agrava las barreras de acceso, señalando que, a pesar de contar con tecnología de punta, los pacientes sufren demoras críticas en la asignación de turnos, falta de respuesta institucional y dificultades severas para llegar a la atención especializada.