Por ley, la Ciudad reformuló el sistema de venta de inmuebles públicos

La Legislatura porteña sancionó hoy, con el voto del oficialismo y el rechazo de la oposición, una ley que establece una nueva modalidad para la venta de inmuebles del Estado local, que amplía los mecanismos para concretar el desprendimiento de las propiedades y reformula el sistema de pagos. La norma fue aprobada por 33 votos a favor -sólo del bloque Vamos Juntos, que reúne a diputados del PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública-, 13 negativos de Unidad Ciudadana, el Peronismo y la Izquierda, y nueve abstenciones de Evolución, la bancada que responde a Martín Lousteau, y el Socialismo de Roy Cortina, aliados actuales del oficialismo porteño. Según la diputada de Vamos Juntos y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Paula Villalba, la iniciativa intenta actualizar el artículo de la ley 2095 de 2006 que regula la venta de inmuebles en el marco del sistema de compras y contrataciones de la Ciudad, “Aquel procedimiento resulta insuficiente y es necesario adaptar la dinámica actual y esta nueva herramienta para la disposición de bienes inmuebles es moderna y transparente”, afirmó la diputada oficialista al defender el expediente remitido por el Poder Ejecutivo. Entre las novedades impulsadas se sumaron nuevas modalidades para la venta de los inmuebles a la existente que establecía únicamente como procedimiento a la subasta pública. Así, se podrá vender también mediante una licitación pública, concurso público y disposición directa, y será el Banco Ciudad de Buenos Aires el encargado de practicar las tasaciones de los bienes inmuebles que serán sujetos a disposición. En cuanto a la forma de pago, que debía ser en efectivo y al momento de la compra por parte del oferente, la propuesta legislativa apunta a que cada dependencia del Estado que quiera desprenderse del inmueble en cuestión “podrá determinar” el sistema “así como establecer pagos parciales o diferidos para la cancelación del precio”. “El pago del precio consistente en la obligación de dar sumas de dinero puede efectuarse, a opción del adquirente, salvo disposición en contrario de la repartición enajenante, a través de alguna de las siguientes modalidades: efectivo, depósito o transferencia bancaria”, según consigna la norma. Desde la oposición cuestionaron la ley al considerar que quita facultades a la Legislatura de intervenir en el proceso de análisis de los terrenos o propiedades vendibles. Al respecto, María Rosa Muiños, del bloque Peronista, consideró como “un riesgo darle esta facultad al Ejecutivo porque es el Poder Legislativo el que autoriza una venta en base a cuestiones de mérito, oportunidad y competencia”. Por su parte, la legisladora de Unidad Ciudadana Paula Penacca coincidió al sostener que “esta ley reduce el control legislativo y hace que este cuerpo no pueda debatir el destino de los inmuebles públicos”; en tanto que Gabriel Solano, del Frente de Izquierda dijo que “el propósito de este proyecto es habilitar al Estado a rematar el patrimonio público”.